El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 ha notificado al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote esta mañana su decisión de no acceder a la petición de Club Lanzarote SA quien solicitó la suspensión de la incautación de la infraestructura hidráulica del Plan Parcial Montaña Roja llevada a cabo por el Consejo el pasado jueves, 18 de septiembre.
En su recurso, Club Lanzarote instaba a la autoridad judicial a que se adoptara como “medida cautelar provisionalísima la suspensión de los efectos de la vía hecho cometida por el Consejo Insular de Aguas, ordenando que se reintegre a la recurrente la plena posesión de dichas instalaciones e infraestructura”.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso ha considerado que “no son de apreciar circunstancias de especial urgencia” no habiendo “lugar a la adopción de medida cautelar sin audiencia de parte contraria”. Por lo que de este modo la producción, abastecimiento y saneamiento de Montaña Roja sigue en manos del Consorcio del Agua y de Canal Gestión Lanzarote.
De esta forma, “parece entenderse, en contra de lo que muchos han vociferado en estos días, que existen visos de legalidad suficientes para respaldar la actuación del Consejo Insular de Aguas que en todo momento ha pretendido cumplir y hacer cumplir la ley, asegurando como principal premisa el abastecimiento de agua potable al que tienen derecho los vecinos de Montaña Roja, en las mismas condiciones de calidad y precio que el resto de los lanzaroteños”.
En este sentido, San Ginés muestra su estupefacción y reprueba con rotundidad el comunicado emitido por la patronal turística ASOLAN en el que “asegura de forma totalmente gratuita que la medida adoptada no se atiene a las más mínimas normas legales, cuando el juzgado, hasta la fecha, parece respaldar la actuación con este auto; además de actuar, en todo momento, siguiendo las indicaciones de nuestros servicios jurídicos”. Insiste, por otro lado, en que “es del todo intolerable que la presidenta de la patronal se permita afirmar que la Administración, en referencia al Cabildo y al Consejo Insular, han dado con premeditación una imagen dañina, en un alineamiento incomprensible con una ilegalidad manifiesta. Y menos aún se puede entender un comunicado tan desatinadodespués de haber solicitado a la Presidencia del Cabildo una reunión para conocer los detalles y motivo de la incautación, reunión a la que se ha accedido” y que fue convocada a primera hora del pasado viernes para el próximo viernes, día 3 de octubre, tal y como se informó públicamente.
Por lo que respecta al comunicado de Alternativa Ciudadana, aclarar que, por una parte, “es falso, al menos que tengamos conocimiento, que exista ninguna otra desaladora en la isla que venda agua a terceros-particulares, es decir, que se facturen recibos de agua de abasto o saneamiento a viviendas”. Y, por otra parte, en 2011, “no era posible que Inalsa abasteciera al Plan Parcial Montaña Roja por múltiples razones, entre ellas, porque la isla se encontraba en emergencia hídrica, con permanentes cortes de agua, y sin ningún control de la Administración sobre una empresa que se encontraba en proceso concursal e intervenida por la justicia; por tanto, sin capacidad técnica alguna para asumir el control del sistema integral del agua ahora incautado”.
Por último, en cuanto a las “desacertadas declaraciones y reacciones” de Nueva Canarias, el Presidente recuerda que esa formación política co-gobierna en el Ayuntamiento de Yaiza “donde su portavoz, me consta, no solamente conoce sino que comparte y aplaude la medida”.