El juez instructor que investiga la presunta defraudación a Inalsa emitió un auto el pasado 14 de marzo donde acepta la petición de Fiscalía de declarar la complejidad de la causa y fija un plazo máximo de 18 meses para concluir su instrucción. Alternativa Ciudadana, que en 2013 interpuso en Fiscalía la denuncia que motivó dicha investigación, espera que la actuación de la Justicia sirva para señalar y castigar a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa pública.

Alternativa Ciudadana recuerda que en mayo de 2015, la Fiscalía pidió al Juzgado que abriera un procedimiento penal para investigar a la empresa pública del agua, considerando que “se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos” en la administración de Inalsa.

Con la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la Ley para la ‘Agilización de la Justicia’ aprobada por el Partido Popular, las investigaciones penales tienen un plazo “máximo” de seis meses para tramitarse. Sin embargo, existe la posibilidad de prolongar ese plazo, como ha ocurrido en el caso en cuestión, al entenderse que concurren todos los requisitos legalmente exigidos para ello. 

La Fiscalía pidió el día 11 de febrero de 2016 que el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife declarase la complejidad de la causa al cumplirse todos y cada uno de los requisitos exigidos como la “pluralidad de hechos punibles y la realización de pericias o colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicado análisis”. Pues bien, en un auto dictado el pasado el 14 de marzo, el juez acepta la petición de la Fiscalía y fija un nuevo plazo máximo de 18 meses para concluir la instrucción.

Alternativa Ciudadana 25 de Mayo considera positivo este hecho, “ya que confirma las denuncias que durante años hemos hecho sobre la corrupción en Inalsa en sus distintas etapas”, y reitera que la investigación no solo sirva para que la Justicia señale a los verdaderos culpables del presunto desfalco, sino que los mismos afronten con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el PSOE, PIL y Coalición Canaria