Un informe jurídico penalista advierte sobre la responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo en el caso de que voten a favor de la ejecución del acuerdo ya aprobado por la Oposición en el Pleno del Cabildo de Lanzarote para resolver, de manera momentánea, el conflicto laboral de los CACT.

Este informe, que se fundamenta en los elaborados por la asesoría jurídica y los departamentos de Recursos Humanos e Intervención de la Primera Institución insular que concluyen que el acuerdo adoptado por la Oposición es nulo de pleno derecho, señala que quienes lo aprueben en el Consejo de Administración de los Centros del próximo martes estarían prevaricando, porque se estaría dictando una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia; y quienes lo ejecuten, malversarían caudales públicos. La ley contempla penas económicas, de inhabilitación y prisión para estos delitos.

Pese a todo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, muestra su “confianza en que al Partido Socialista no le temblará el pulso a la hora de que su representante en el Consejo asuma la materialización del acuerdo que han promovido y prometido a los trabajadores de los Centros”.