El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha autorizado a Repsol Investigaciones Petrolíferas la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias 1' a 'Canarias 9', situados en el océano Atlántico, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

   Así consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   En concreto, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente, actuando la primera de ellas como operador.

   El proyecto consiste en la realización de dos sondeos, más uno contingente a los resultados de los dos primeros, en los permisos denominados 'Canarias 1' a 'Canarias 9', localizados en la cuenca atlántica de Canarias y, hasta el momento, inexplorada por sondeo.

   Su objeto es investigar la existencia de hidrocarburo en la cuenca, siendo el objetivo principal depósitos arenosos turbidíticos del Terciario y Cretácico.

   Los tres sondeos autorizados se llaman Sandía, Chirimoya y Zanahoria, y el más cercano de ellos estará a 50 kilómetros de la costa. El primero se encuentra bajo una lámina de agua de 870 metros y a una profundidad total de 3,1 kilómetros, así como a 55,5 kilómetros de la costa.

   El segundo, a 1,1 kilómetros bajo el mar, alcanzará una profundidad de 3 kilómetros y estará a 50 kilómetros de la costa, mientras que el tercero, a 55 kilómetros de la costa, se encontrará bajo una lámina de agua de 1,02 kilómetros y llegará a profundidades totales de 6,9 kilómetros.

   La resolución contempla catorce condiciones para los sondeos, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros.

CATORCE CONDICIONES

   Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos.

   Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones.

INSPECCIONES

   Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.

   El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.

   El Gobierno también ha puesto como condición que, en el plazo de seis meses desde la terminación de cada sondeo, se remitan informes técnicos acerca del desarrollo de los trabajos.