EL Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa (CC-PNC-SB) pedirá que se investigue y, en su caso, se emprendan acciones civiles o penales contra los administradores de la empresa vinculada al núcleo familiar de Juan Félix Eugenio que, como es sabido, adeuda a los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) un total de 600.000 euros generada fundamentalmente en la etapa de Carlos Espino, sin descartar acciones contra él mismo, si no cumple con sus obligaciones como consejero delegado de la sociedad para recuperar el dinero que adeuda su pareja, aunque CC insiste en que no debe mantenerse en el cargo.
“Vamos a solicitar que se investigue si se falsearon las cuentas y bajo qué condiciones el juez de lo mercantil admitió la disolución de la sociedad”, explica el representante de los nacionalistas en el Consejo de Administración de los CACT, Samuel Martín, quien exige que se emprendan acciones de responsabilidad contra los citados administradores “por negligencia en la gestión social al no presentar las cuentas en el registro mercantil incumpliendo con sus obligaciones fiscales según el propio registro (Se adjunta certificado oficial).O lo que sería peor y de extrema gravedad, esto es, que se falsearan las cuentas ante el juzgado de lo mercantil que admitió la anotación preventiva de la disolución de la sociedad convirtiendo a los administradores en liquidadores.
Liquidadores que, como tales, también habrían necesariamente incumplido con sus obligaciones de formular en tres meses inventario y balance de la sociedad, porque en su caso estaría necesariamente en concurso de acreedores y no con ellos como “liquidadores solidarios”.
Según el Grupo Nacionalista, lejos de aclararse el polémico asunto del dinero público cobrado por la empresa de la pareja del actual consejero delegado de los CACT, la actitud de la presidenta socialista, Mª Dolores Corujo, y de su grupo de gobierno, negándose a que el consejero aludido pueda dar las pertinentes explicaciones, hace pensar que se está ocultando una información “que podría poner en un serio aprieto tanto a la presente dirección de los Centros Turísticos como a la máxima responsable de la principal institución insular”.
Para el portavoz de CC-PNC-SB en el Cabildo, Pedro San Ginés, el siguiente paso a dar está claro. “Nosotros sí hicimos nuestros deberes en su momento llevando a los juzgados una deuda que se generó en otra etapa y que tiene sentencia favorable a los CACT, pero ahora tras intentar de forma infructuosa que se dieran explicaciones ante el pleno del Cabildo, máximo órgano de representación insular, damos un paso más y, si es preciso, exigiremos medidas judiciales. Si Juan Félix Eugenio no tiene el decoro político de presentar su renuncia como consejero delegado, sí tiene la obligación de instar ante el juzgado de lo mercantil la declaración de concurso de acreedores que podría resultar culpable si se demuestra que falsearon la realidad de la empresa ante el juzgado, a saber si asesorados por él mismo, que no en vano se ha autodeclarado mero asesor de Customer Travel”.
Han pasado casi dos meses y continúa sin aclarase cuál fue el papel jugado por Eugenio, ni cuál fue el papel jugado por su asesoría (en la que para más inri trabaja físicamente su propia pareja), en la solicitud de disolución de la empresa deudora ante los juzgados, evitando así hacer frente al pago de 600.000 euros.
“Si no hay nada que esconder, ¿cómo es posible que se sigan negando a dar explicaciones públicas?, ¿cómo es posible que nadie haya respondido cómo se piensa devolver esos 600.000 euros a las arcas de los CACT?, ¿cómo es posible que se sigan empeñando en que Juan Félix Eugenio dirija el principal motor económico de la isla?”