El Caso Montecarlo, como los casos Unión y Jable, está dejando en evidencia el funcionamiento escandaloso de la corporación municipal los últimos años. 

Se están investigando hechos muy graves que suponen, si se confirman, pérdidas de millones de euros. Millones de euros que en lugar de dedicarse a la mejora de la ciudad y de los servicios, acabaron presuntamente en los bolsillos de unas pocas personas. 

El juez instructor está investigando, en sus propias palabras, "facturas infladas" o emitidas por "servicios que nunca se prestaron". Uno de los acusados, Jose Miguel Rodríguez, ha confesado el sistemático fraude, llegando a declarar que "He pagado por servicios no prestados porque no vi los pliegos" con el interventor como persona clave. 

Es en este contexto, con muchísimas personas imputadas, entre ellas el que fue alcalde de Arrecife hasta hace apenas un mes, que el Ayuntamiento decide contratar los servicios de un abogado para, supuestamente, defender los intereses generales. 

Sin embargo, el propio fiscal ha planteado la duda de que este abogado "no esté velando realmente por los intereses públicos que tiene encomendados, sino que esté ejerciendo la defensa de quien ha sido su alcalde, José Montelongo", llegando a comparar su actuación con la de la defensa del PP en el caso Gurtel. 

Son circunstancias lo bastante graves como para exigir la inmediata comparecencia del señor Rafael Juan González, quien, en calidad de teniente de alcalde (ya que el alcalde, José Montelongo, era parte implicada y debía abstenerse), es la persona responsable en última instancia de la estrategia seguida por el abogado. Exigimos que se explique a la ciudadanía cual es la estrategia que ordenó seguir al letrado contratado con dinero público para defender los intereses del Ayuntamiento y cual es la estrategia que se seguirá a partir de ahora para no tener que volver a recibir otra sonrojante denuncia del fiscal o del juez instructor por el proceder del mismo.