Concretamente fue el pasado 10 de octubre de 2018, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Procedimiento 004/2016, requirió al Ayuntamiento de Arrecife que "de forma inmediata" PROCEDA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA de 5 de septiembre de 2017 dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del TSJC y se dicte el DECRETO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, acordando la reposición en su puesto de trabajo de Doña Asenet Padrón Franquiz y SE LE ABONEN LAS CANTIDADES ADEUDADAS A LA MISMA como consecuencia económica inherente a la sentencia". Se habla de EN TORNO A 100.000 EUROS EN GASTOS, de dinero público.

- Antecedentes

El 7 de septiembre de 2017, la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sentencia 433/2017, reconoció que "tiene razón la representación de la apelante cuando afirma que, en este caso, EL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN SUS PROPIOS TÉRMINOS EXIGÍA, YA DE ENTRADA, EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN MANTENIENDO A LA INTERESADA EN SU PUESTO DE TRABAJO", pues de otra manera la anulación judicial del acto por el que fue cesada se convertiría en letra muerta, como finalmente terminó por acaecer". Por lo cual, sentenciaba que "se debe retrotraer el expediente hasta el momento anterior al cese" y "motivar el cese conforme a derecho", ACTOS QUE NO SÓLO NO SE REALIZAN, "lo que en principio y sin lugar a dudas INFRINGE EL ARTÍCULO 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN (pues un derecho fundamental es la ejecución eficaz de las resoluciones firmes dictadas por los Tribunales de Justicia), sino que además se dicta un acto administrativo CON LA APARIENCIA DE ESTAR CUMPLIENDO UN FALLO JUDICIAL CUANDO EN MODO ALGUNO ES ASÍ".

Motivo por el cual sentenciaba que debía "REPONERSE A DOÑA ASENET EN EL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE FUE INDEBIDAMENTE REMOVIDA".

- Moción de VECINOS UNIDOS

El 17 de octubre de 2017, ante la falta de decisión por parte de la todavía Alcaldesa, VECINOS UNIDOS presentó una Moción al Pleno (2017-36908), solicitando que “se cumpla lo que marca la Ley (avalado por 3 sentencias judiciales), y que Doña Asenet Padrón vuelva a ocupar el puesto de Secretaria accidental, del que fue indebidamente removida”. Más aún,el Concejal Electo, Andrés Medina, señaló en el Pleno que pese a las sentencias favorables a la reposición de Asenet en el puesto como Secretaria Accidental del Ayuntamiento, “la rocambolesca decisión municipal no hace sino corroborar que el objetivo en todo momento pretendido FUE Y SIGUE SIENDO EL CESAR” a la apelante, “al margen de necesidades del servicio o de razones de interés público algunas”. Añadiendo y recalcando que la sentencia dejaba bien clara “LA NULIDAD DEL DECRETO DEL ALCALDE DE ARRECIFE DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015, debiendo reponerse a Doña Asenet en el puesto de trabajo del que fue indebidamente removida”.

- "Mentiras" de la Alcaldesa

Al respecto, en dicha sesión plenaria, la todavía Alcaldesa de Arrecife (Eva de Anta) aseguró textualmente que “el Ayuntamiento efectivamente CUMPLE LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LAS EJECUTA, y en este caso yo les informo que las estamos preparando… precisamente LA EJECUCIÓN DE LA ÚLTIMA SENTENCIA que ha venido al Ayuntamiento”…

"¡Mentira! ¡La Alcaldesa nos mintió descaradamente!", esa fue la reacción de VECINOS UNIDOS 1 año después, amparándose en la reciente sentencia, que fue entregada en la Secretaría del Ayuntamiento el pasado miércoles 17 de octubre. Preguntándose "¿a cuánto ascenderán las costas judiciales 1 año después de la anterior sentencia?", teniendo en cuenta que en 2017 ya se había gastado el Ayuntamiento "17.000 EUROS DE DINERO PÚBLICO EN ESTE PROCEDIMIENTO INNECESARIO".

- Pilar Machín: la Secretaria "digital"

"¿Acaso todo este gasto económico de DINERO PÚBLICO tiene mucho que ver con el obsesivo interés de la todavía Alcaldesa de Arrecife, de mantener a 'su' Secretaria accidental, Pilar Machín?. Una funcionaria que fue designada digitalmente por la propia Eva de Anta", señalaba VECINOS UNIDOS. Recordando que ya en enero de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas “anuló” el nombramiento de la actual Secretaria accidental porque “vulneró un derecho fundamental” recogido en el Artículo 23.2 de la Constitución española. Y que en junio del mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le reprochó a la Alcaldía “la confusión y oscuridad que trató de generar en el pleito, con consideraciones ajenas o extrañas”, condenando  al ayuntamiento al pago de las costas (otra vez).