El Parlamento de Canarias ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra la limitación de la subvención al transporte aéreo Canarias-Península. En concreto, el recurso de inconstitucionalidad se presenta contra la Disposición Adicional Décimo-tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contempla un posible límite a la subvención al transporte de pasajeros, “por haberse aprobado sin el preceptivo informe a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Constitución y el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias y sin que ni siquiera se haya requerido la audiencia de la Cámara que se refiere el texto estatutario”.

Durante su intervención, tanto José Miguel Ruano, presidente del Grupo Nacionalista Canario, como Julio Cruz, portavoz en este asunto del Grupo Socialista, denunciaron “el ataque al fuero canario que supone esta disposición incluida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Estado”. “Esta facultad la ha ejercido siempre el Parlamento con gobiernos de diferentes colores políticos en el Ejecutivo español y hoy se vulnera de forma unilateral e ignorando lo que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros hombres y mujeres”, afirmó José Miguel Ruano.

En este sentido, Julio Cruz denunció el ataque a Canarias que supone “la modificación de una cuestión que, además, de llevarse a cabo tendría graves consecuencias para la conectividad de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

En concreto, la Constitución establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), una modificación que el Estado realiza, en este caso, al intentar modificar ese régimen de subvenciones al transporte Canarias-Península, y que, como toda modificación del REF requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma. Sobre esto redunda el Estatuto de Autonomía de Canarias que establece que el REF sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la Constitución previo informe del Parlamento canario.

La Disposición Adicional Décimo-tercera de la Ley de Presupuestos del Estado prevé que por Orden Ministerial podrán establecerse cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo distinguiendo entre los diferentes mercados afectados hasta no aplicarse ayuda alguna a los importes que superen ese nivel considerado objetivo, “lo que supone una limitación evidente del derecho hasta ahora reconocido a favor de los residentes canarios, sustentado en el hecho objetivo de nuestro alejamiento y que se reconoce en los principios emanados de la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, explicó José Miguel Ruano.

Para Julio Cruz, “las contradicciones entre los miembros del propio Gobierno del Estado hacen temer que esta medida se pueda llevar a cabo en cualquier momento porque no han sido claros y mientras un día mostraban su intención de modificar la subvención, al día siguiente decían todo lo contrario aunque lo cierto es que la Ley de Presupuestos permite esa modificación y no sería incluida en el caso de no querer hacerlo”, afirmó.

El PP, durante su intervención, ha reconocido la omisión del informe del Parlamento de canarias en defensa del REF pero se ha abstenido en la votación.