Ante el comunicado del Partido Popular (PP) de Canarias respecto a que “el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Canarias presentó en el año 2008 para reclamar la competencia ejecutiva para otorgar las autorizaciones de explotación y permisos de investigación de hidrocarburos en el Mar Territorial”, el Cabildo de Lanzarote manifiesta lo siguiente:
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El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en el año 2008 por el Gobierno de Canarias, cuya vicepresidencia la ostentaba entonces José Manuel Soria.
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Que, efectivamente, el Tribunal Constitucional señala, en su sentencia de 17 de enero, que Canarias no posee competencias en el ámbito Territorial Marino puesto que no se contemplan dichas competencias en el actual Estatuto de Autonomía, por lo que es el Estado central quien se atribuye esta soberanía. Es decir que el actual Estatuto de Autonomía de 1996 no prevé competencias de Canarias en el mar.
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Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha tenido en cuenta la existencia de la Ley 44/2010, de aguas canarias, que sí lo prevé. También deja abierta la posibilidad de que se reforme el Estatuto para contemplar que las aguas sean parte de la Comunidad Autónoma y poder tener así competencias en las mismas, postura que aceptó entonces la dirección nacional del Partido Popular en 2007, cuando consensuó con Coalición Canaria (CC) enmiendas al Estatuto antes de que éste fuera retirado.
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El pronunciamiento del TC en absoluto pone fin al litigio, no solo porque es posible tener competencias, sino porque las deficiencias de las autorizaciones son innumerables.
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El Cabildo de Lanzarote está ya trabajando en un borrador para activar la reforma del Artículo 2 del Estatuto de Autonomía, a fin de que se pronuncie el Parlamento de Canarias en breve y reclame esas competencias dentro de su marco normativo.
Por último, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, entiende que “nuevamente el ministro José Manuel Soria tiene diferentes varas de medir en función del cargo que ostente”. Cuando fue vicepresidente del Gobierno de Canarias, explica San Ginés, “apoyó la presentación del recurso de inconstitucionalidad porque defendía que las prospecciones petrolíferas no se podían aprobar sólo por el Estado español, y que debía ser tenida en cuenta la opinión de las instituciones canarias, hecho que no hizo ni siquiera durante el trámite de audiencia inicial dado a los Cabildos y al Gobierno de Canarias. Sin embargo, ahora que representa al Gobierno de España, y a los intereses de la multinacional Repsol, el ministro expresa que las competencias son exclusivas del Gobierno español y que Canarias no tiene voz en este asunto”.
Desde la primera Corporación insular insisten además que ésto no ha sido “un nuevo varapalo” de los tribunales al proceso judicial contra las autorizaciones, como argumenta el PP, y que por el contrario intentarán aunar todas las fuerzas políticas e institucionales posibles para que la propuesta en la que están trabajando de reforma del Artículo 2 del Estatuto de Autonomía se apruebe en el Parlamento de Canarias lo antes posible y permita así que la Comunidad Autónoma tenga competencias sobre sus aguas territoriales.