El Cabildo de Lanzarote ha intensificado las intervenciones administrativas en el marco de la Unión Europea a fin de reforzar el conjunto de acciones de derecho comunitario para frenar y suspender las prospecciones petrolíferas aprobadas por España el 16 de marzo de 2012.

En las últimas dos semanas, la Corporación Insular que preside Pedro San Ginés, ha presentado ante Bruselas dos nuevos documentos; por un lado, una queja por entender que con el Real Decreto 1462/2001 y el Real Decreto 547/2012 no se han sometido las autorizaciones otorgadas, como establece la normativa europea, a un procedimiento de libre concurrencia europeo y, en segundo lugar, una ampliación documental sobre las dos quejas de carácter ambiental que el Cabildo interpuso en marzo de 2012.

En el primer caso, la falta de transparencia informativa evidenciada durante el proceso de la concesión por parte del ejecutivo español implica unas derivaciones que, a juicio de la Institución lanzaroteña, “suponen una clara vulneración de la legislación comunitaria”. Entre los factores más destacados se incluyen la no publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), la no divulgación de los criterios obligados a tener en cuenta para seleccionar los distintos licitadores, y la opacidad informativa sobre los cambios de las condiciones y requisitos introducidos en el curso del procedimiento, tal y como exige la Directiva comunitaria.

Por ello, el Cabildo de Lanzarote ha solicitado a la Comisión Europea que se requiera al Estado español para que elimine o suprima cualquier práctica, legislativa o administrativa, que lleve a una reducción de la eficacia del Derecho comunitario sobre la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, y en especial sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. Esta petición persigue evidenciar la afección sobre la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y los actos administrativos dictados en aplicación de la misma, y dejar en suspenso el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo.

En segundo término, la Comisión Europea notificó al Cabildo de Lanzarote el pasado mes de enero que las normativas ambientales que sustentaban las dos quejas interpuestas en marzo de 2012, sobre dos Directivas ambientales concretas (la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales, y la Directiva 2011/92/UE del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) requieren más información por parte del Cabildo Insular, a efectos de dirimir si se han vulnerado y en qué grado.

La Comisión Europea otorgó cuatro semanas para que la Corporación Insular aportase la citada ampliación de información, que fue finalmente remitida mediante un exhaustivo informe jurídico el pasado lunes 18 de febrero. El informe se centra en recalcar que el Programa de Investigación aprobado por España para prospectar en Canarias exige, sin ningún lugar a dudas, unaEvaluación Ambiental Estratégica previa, hecho que no se ha producido en la modificación realizada por el Real Decreto 547/2012 a favor del consorcio multinacional liderado por Repsol.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha puntualizado sobre este asunto que desde la Corporación insular van a recurrir “a todas las herramientas que Europa ponga a nuestra disposición para defender el firme derecho a decidir nuestro modelo de futuro económico y energético, sin imposiciones ni dictaduras. Somos conscientes de que el proceso será largo, pero desde luego no dejaremos de trabajar en defensa de los intereses públicos de Canarias”.