Drago Canarias ha presentado una petición de información al Ministerio de Defensa en el Congreso de los Diputados solicitando un informe sobre las autorizaciones concedidas para la investigación de tierras raras, con la intención de arrojar luz sobre un proceso que no ha contado con participación ciudadana. A dicha petición se ha sumado un registro ante el Cabildo de Fuerteventura para aclarar las informaciones y posición del propio Cabildo en relación a estos hechos.

En concreto, Drago Canarias, ante la evidente voluntad de ir allanando el terreno para poder explotar tierras raras en Fuerteventura, busca explicaciones, transparencia y claridad para la ciudadanía majorera. 

Se busca conocer si los investigadores de las universidades canarias que tomaron muestras dentro del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara —cuyo acceso está limitado para uso del Ministerio de Defensa— y de determinados Espacios Naturales Protegidos contaban con la autorización necesaria, así como aclarar cuáles son los motivos y qué es lo que se está haciendo por parte de la academia.

Según explica la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, “el permiso de investigación Verode solicitado por la empresa Tenáridos (Satocan), que actualmente se encuentra en tramitación, estaría basado en el estudio previo realizado por los investigadores de las universidades, y que por tanto cuenta con financiación pública”.

“Asimismo —prosigue Chacón—, recientemente hemos sabido que las tierras raras también tienen usos armamentísticos, y dada la opacidad con la que se ha tratado este tema, de espaldas a la ciudadanía, y teniendo en cuenta que las investigaciones se están realizando dentro del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, nos preocupa que esta sea realmente la finalidad, ya que nos consta que en otras ocasiones se ha negado el acceso a arqueólogos para actualizar la carta arqueológica de la isla”.

Por otro lado, Chacón lamenta que “la suma de los tres permisos solicitados hasta ahora por Tenáridos abarca 45,18 kilómetros cuadrados, lo que supone en torno al 3 % de la superficie de la isla” y advierte que “estos permisos darían pie a la investigación y la consecuente extracción en caso de hallazgo positivo dentro de Espacios Naturales Protegidos, de zonas que forman parte de la Red NATURA 2000, de zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera e incluso de un Bien de Interés Cultural".

Toda esta situación se produce tras la aprobación en el Pleno del Parlamento de Canarias el pasado 27 de septiembre de 2023 de una resolución para intensificar la colaboración del Gobierno de Canarias con las universidades públicas canarias, con el objetivo de apoyar los proyectos de investigación sobre los yacimientos de materias primas críticas en las islas, así como de instar al Gobierno de Canarias a poner en valor en el conjunto de la Unión Europea las posibilidades estratégicas de los yacimientos de materias primas críticas en el archipiélago.

En este contexto, un grupo de investigadores entre los cuales aparecen el profesor Jorge Méndez, de la Universidad de La Laguna, y José Mangas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicaron un artículo científico en febrero de este año en el que se afirma que pudieron tomar muestras en los Espacios Naturales Protegidos gracias a una autorización del Cabildo de Fuerteventura y en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara gracias a la cooperación y asistencia del Ejército Español. Este artículo es fruto de una investigación justo anterior a la solicitud de los permisos por parte de la empresa Tenáridos, y cuenta con financiación del Gobierno de Canarias (Proyecto Tierras Raras SD-22/25), de la Agencia Canaria para Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Proyecto MAGEC REEmounts) y del Gobierno de España.

El papel del PSOE 

La portavoz insular de Drago Canarias advierte de que el PSOE “está jugando a dos bandas” en esta cuestión, “sumándose a las movilizaciones en contra de estos permisos mientras que varios de sus representantes públicos son responsables de los mismos”.

En este sentido, el diputado del Parlamento de Canarias Gustavo Matos, del PSOE, fue quien presentó una Proposición no de Ley en Pleno sobre la consideración estratégica de las extracciones de tierras raras para España dentro del conjunto de la UE; mientras que el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar se ha reunido con los investigadores de la Universidad de la Laguna como consecuencia de la exigencia europea para que sus estados miembros busquen estas materias primas fundamentales en sus territorios.

A su vez, tanto el actual consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, como la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, son del PSOE.