La diputada por Lanzarote del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, puso hoy en cuestión la motivación del Gobierno de Canarias en su recurso de casación contra la anulación del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, que ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo. “Las informaciones contradictorias sobre la existencia o no de informes del Gobierno que habrían motivado el recurso, en contra del criterio jurídico del Cabildo de Lanzarote, denotan el cambalache interno que domina al equipo del presidente Clavijo”.

Dolores Corujo preguntó al Ejecutivo regional por el motivo del recurso y de las contradicciones entre departamentos. “¿Es normal que este Gobierno recurra algo por error? ¿Y es normal que, por error de este Gobierno, se deje algo por recurrir?”.

Como recordó en su intervención, la nitidez de la resolución del Tribunal Superior y la certeza de que la tramitación del Plan había sido absolutamente inadecuada llevaron a que los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote consideraran que no procedía el recurso al Supremo, postura en la que coincidía, según informó el Gobierno.

“Nos enteramos ahora de que este Gobierno recurrió de manera sorprendente para llevarse, de manera no tan sorprendente, un nuevo varapalo judicial, pues el citado recurso ni siquiera fue admitido a trámite”, apuntó, y añadió que es ahora cuando se sabe que la explicación de ese extemporáneo recurso es que se produjo un error de comunicación entre los Servicios Jurídicos y el viceconsejero de Ordenación del Territorio.

Corujo habló de la “sorpresa y dudas” que esta situación ha causado. “Necesitamos saber si existe un primer informe recomendando no recurrir, porque me parecería inconcebible que este Gobierno manifestara que no lo iba a hacer sin un informe previo que le avalara, y también necesitamos saber si existe un segundo informe recomendando recurrir, porque si no existiera no se trataría entonces de un error de comunicación entre el viceconsejero y los Servicios Jurídicos, sino de un fallo de procedimiento clamoroso: llevar adelante una acción judicial en nombre del Gobierno sin la cobertura jurídica necesaria”.

La diputada lanzaroteña expuso que si no existe el primer informe, el presidente “se arrogó una capacidad, la de decidir no presentar el recurso, de manera indebida, o no dijo toda la verdad al presidente del Cabildo de Lanzarote”. Añadió que si hay dos informes contradictorios en algo tan claro como la existencia o no de motivos para la casación, el presidente “nos obliga a preguntarnos sobre las presiones políticas que pueda haber, algo que resulta inaceptable”.