Según los datos hechos públicos por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del pseudogobierno de Canarias que dirige Patricia Hernández, que también ejerce de vicepresidenta, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de los GAL, son más de 26.000 personas las que están pendientes de que se resuelvan sus solicitudes de ayuda a la, denominada por ellos, dependencia, calculándose en unas 36.000 las personas pendientes en el 2014. El tiempo medio que la Administración autonómica tardó en resolver los expedientes en el período 2007-2015 fue de 752 días, más de 2 años, aunque el hecho de que se resolviera cada caso, incluso siendo favorable, no implica que se conceda la ayuda en ese momento, que puede tardar hasta cinco o más años e incluso una vez concedida pasan meses sin que la abonen.El año 2015 fallecieron, al menos, 1.234 personas con derecho a la ayuda que no llegaron a cobrarla.

La persona concesionaria de una de estas limosnas tiene que elegir entre las cuatro empresas citadas a continuación cuál de ellas le manda a domicilio la asistencia:

Con 18 cargos activos, 7 históricos y 14 empresas Arturo Gonzalez Machín que, paradójicamente, es el propietario de los centros de ICOT, Insure, Montebello, Arnao, San Sebastian, el de Vecindario, el de ICOT en la Palma, etc., etc., también es el propietario de ASIDMA, acreditada por el pseudogobierno de Canarias como empresa obligatoria para asignar la ayuda a la dependencia.

AILA dependencia, en la que figura como cargo directivo la que fuera senadora del PSOE y etc., en la VI legislatura, de 1996 al 2000, María Mercedes Pérez Schwartz, es otra afortunada empresa adjudicataria de la gestión de las ayudas.

EULEN  servicios sociosanitarios, empresa de la metrópoli, con unos activos registrados correspondiente al ejercicio del año 2015 de 116 millones de euros (€) y unas ventas de 170 millones de €, constituye la tercera empresa acreditada.

La cuarta y última empresa que, reiteramos, obligatoriamente, se oferta para la ayuda a domicilio, sin ánimo de lucro, aunque igualmente privada, es AFA, con una atención especializada en enfermos de Alzheimer.

El colonialismo se mantiene mediante la alienación, represión y eliminación de la atemorizada población, unas veces de forma sutil y otras no tanto, recurriendo incluso a la transmisión de todo tipo de enfermedades, como “la modorra”, originada mediante  agua contaminada con vísceras de animales putrefactos, que afectó a los combatientes y a la población civil guanche durante la cruel, vil y sanguinaria invasión de los bárbartos y depravados colonialistas y, actualmente, induciendo y potenciando enfermedades crónicas: hipercolesterolemia, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer y sida (Canarias lidera todos los parámetros del Estado español en defunciones: fallecieron en el año 2015, último dato publicado, la escalofriante cifra de 15.094 personas y en total, desde el año 2002, han fallecido 185.663 personas según datos oficiales del ISTAC), adulteración y contaminación de alimentos, accidentes provocados con premeditación y alevosía y un sinfín de calamidades como lo demuestra el hecho de que más del veinte por ciento  (20 %) de la población canaria presenta trastornos mentales y adicciones según manifestó el Sr. Luis Suárez, director del área de Salud de Gran Canaria, durante la inauguración de las jornada “Enfermedad mental y adicciones” que se celebraron en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, siendo estos trastornos producidos por el sometimiento colonial del pueblo de las Islas Canarias pues, como descubrió el psiquiatra Frantz Fanon, el colonialismo produce enfermedad psicopatológica, descubrimiento que describe magistralmente en su libro Les Damnés de la Terre.

Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Corte Penal Internacional por el Movimiento por la Unidad del Pueblo Canaria (ver documento adjunto), pues son diferentes las formas del genocidio y los crímenes de lesa humanidad, al infringir gravemente los artículos del Estatuto de Roma: 6.b (Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo) y 6.c (Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial). Se infringen también los artículos 7.h (Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte) y 7.k (Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física) e infracción  de los artículos 8. 2. a. iii (El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud) y 8.2.b.xxi (Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes).

Nuestra nación Canaria genera una gran riqueza económica año tras año (42.316.697 millones de € según la primera estimación del metropolitano Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2015, en plena agudización de la crisis crónica que padecemos desde nuestro sometimiento colonial por el régimen monárquico y colonial español). Esa riqueza, en su inmensa mayoría, contribuye al estado de bienestar en otros lugares del mundo, mientras que en nuestra patria sólo queda una pequeña parte de la riqueza generada, en manos de un grupo reducido de canarios o fuereños, residentes o no. Eso hace necesario que la riqueza que generamos sea redistribuida entre todos los canarios y sobre todo entre las clases más desfavorecidas, como nuestros “dependientes” (palabra favorita del colonialismo y los esbirros a su servicio), pues preferimos verlos independientes, vivitos y coleando, y que se distribuya también entre los que viven bajo el umbral de la pobreza. Generamos riquezas suficientes para dotarnos de una red sanitaria pública, infraestructuras, centros docentes, centros de investigación, residencias para la gente necesitada o para personas con problemas psicológicos o físicos. Es necesario por tanto redistribuir entre la colectividad el patrimonio cultural y los conocimientos (que nos harán libres) y buena parte de los beneficios económicos que se producen en nuestras islas como símbolo de la solidaridad social que perseguimos desde el Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario.