10:23 h. jueves, 21 de noviembre de 2024

UN DECRETO DE VIVIENDA HECHO PARA EL NEGOCIO DEL LADRILLO

 |  01 de marzo de 2024 (10:38 h.)
Obra abandonada de la calle Tenderete
Ricardo González Roca Fonteneau - Secretario Nacional de organización y comunicación de LIBERACIÓN CANARIA

El nuevo decreto sobre vivienda que presenta el Gobierno de Canarias, liderado por CC /PP, que será aprobado próximamente, no aborda la solución de fondo del verdadero problema que ocasiona la situación actual de emergencia habitacional que vive el Archipiélago Canario.

El déficit actual de viviendas, viene ya de la época en la que gobernaba CC con su fallida ley del suelo. Hay que sumarle que desde el Gobierno Canario se ha obviado, durante 20 años, la necesidad de poner a disposición suelo público para construir VPO y las circunstancias más graves vienen originadas en por el estatus actual de Plena Integración de Canarias en la UE, a través del fracasado modelo RUP – Regiones Ultraperiféricas -.

1.- El Archipiélago debe tomar como primera medida, solicitar el cambio de modelo de relación con la Unión Europea, un nuevo estatus, abandonar el modelo RUP – Regiones Ultraperiféricas y pasar al acuerdo de asociación especial denominado PTU, país y territorio de ultramar.

Un modelo que figura en el TFUE desde 1957 y que en el pasado reciente, cuando se produjo el momento de obligarnos a Integrarnos de Pleno Derecho en la UE, (en la etapa de Felipe González, Jerónimo Saavedra, Manuel Hermoso) nos fue negado por España para que no dispusiéramos de mayor autonomía para poder abordar estas situaciones aquí en Canarias. Ni tan siquiera se acordó tener en cuenta nuestras especificidades y valorar el daño que nos ocasionaba la obligada integración a pecho descubierto.

Algunos solo vieron el acceso a subvenciones como un saco sin fondo del que poder vivir y gobernar, creando un clientelismo político empresarial que ha hecho más daño que bien a nuestro país Archipielágico.

El modelo PTU, país y territorio de ultramar nos permitiría poder protegernos, de un coloso de 440 millones de habitantes que pueden venir mañana mismo a vivir aquí, a comprar nuestras viviendas y terrenos, sin poder disponer de las herramientas legislativas necesarias para protegernos. De aquellas tierras, estos lodos.

2.- La sociedad canaria debe saber que La Plena Integración de Canarias, nuestro país, en la Unión Europea conlleva la aplicación de los ejes o principios básicos constitutivos de la TFUE. Estos son:

a) La libertad de establecimiento de ciudadanos de la UE en cualquier territorio de la Unión. Hemos de saber que Canarias, actualmente, es territorio de la UE y cualquier persona de un Estado miembro puede venir a vivir a nuestra tierra sin impedimento alguno.

Quienes vienen a establecerse a Canarias, nuestra tierra, también demandan viviendas para comprar y alquilar.

b) La libre circulación de trabajadores, que condena a nuestro mercado laboral canario a soportar que ciudadanos de la UE puedan venir a ocupar los escasos puestos de trabajo que genera nuestra economía que sigue sin diversificarse.

Estas personas vienen también a establecerse aquí y demandan viviendas, ya sea de alquiler o para comprar. Con la ventaja añadida de que disponen de mayor poder adquisitivo que la población local canaria, sumida en trabajos con salarios escasos que le impiden disfrutar de una calidad de vida digna y poder acceder a una vivienda a precio asequible.

c) La libertad de movimientos de capitales permite que empresas y personas puedan invertir y comprar en Canarias viviendas para dedicarlas al alquiler vacacional, lo cual resta también en detrimento de nuestra sociedad canaria.

Todo ello hace que en territorios limitados, fragmentados y con escaso espacio, como es el caso de nuestro Archipiélago, la alta demanda conlleve que se disparen los precios, de alquiler y venta , a niveles prohibitivos como sucede actualmente.

3) Estos problemas de fondo no se abordan en el decreto del Gobierno de Canarias, ni se adentran a estudiar las causas y orígenes que son el verdadero problema de fondo de la emergencia habitacional.

Los principios o ejes básicos de la UE nos encorsetan, acogotan e impiden, en el actual estatus RUP, poder disponer de las herramientas necesarias para poder legislar a nuestro favor y detener esta situación que implica daños irreversibles para la propia población local pues se ve sometida al padecimiento de un intolerable apartheid en nuestro propio país canario , viéndonos obligados a marchar de nuestros barrios, de las zonas costeras y de los lugares que siempre fueron nuestros. Donde nuestras vidas tomaron forma. Allí donde nuestra infancia se fundamentó en entornos cercanos y familiares. Esos entornos ahora quedan en manos de foráneos y observamos que al Gobierno de Canarias que debiera defendernos y a España, les damos igual.

Resulta curioso observar que les preocupa más que foráneos vivan bien en esta Canarias que nos pertenece, mientras los locales volvemos a emigrar en busca de mejor destino y calidad de vida. Esto se denomina sustitución de la población local por foránea.

4) Para poder legislar y disponer de las herramientas necesarias para legislar sobre regulación de la residencia en canarias y del mercado laboral canario, hemos de cambiar al modelo PTU, país y territorio de Ultramar. No hay otro camino en este momento.

España debe facilitar, si le importamos algo, el proceso político de cambio de estatus con urgencia. Ahora bien, si a España le interesa más que alemanes , italianos , belgas , holandeses , franceses, …etc,  vivan bien en Canarias , trabajen cómodos, compren viviendas ,se hagan con los puestos de trabajo que genera la economía canaria, nos expulsen de nuestros barrios, entonces por honestidad ,debiera decirlo a la sociedad canaria sin paños calientes. Y nosotros poder decidir si queremos seguir siendo pobres pero felices.

5) Las nuevas viviendas que se construyan podrán ser compradas por ciudadanos de la UE y por aquellos que aquí trabajan. La sociedad canaria debe saberlo. NO serán exclusivas para la población canaria. Es decir, no se resuelve el problema habitacional del Archipiélago.

6) Deben cesarse de manera inmediata todas las políticas promocionales encaminadas a invitar a venir a establecerse en nuestro país canario tanto a nómadas digitales como a jubilados de la Unión Europea, porque demandarán viviendas de alquiler y para comprar y seguiremos en la misma espiral de encarecimiento de la vivienda, provocando el alza de los precios e imposibilitando el acceso a la misma.

7) Se debe establecer un Plan Canario de Incentivos fiscales y de garantías para invitar a que las 211.000 viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler pero para uso residencial de larga duración y no para impulsar que grupos de inversores o personas privadas avispadas, compren para dedicarlas al alquiler vacacional. El objetivo de ser claro, firme y contundente.

8) También hay que contemplar un Plan Canario que promueva el alquiler social para que se garantice el acceso a vivienda digna al 37% de la población que vive en situación de pobreza u exclusión social. No podemos olvidar a la población que vive inmersa en la pobreza severa cuya situación es aún más grave.

9) Otro elemento que no puede quedar en la ambigüedad es el Plan Canario para la limitación o regulación de la vivienda de uso residencial para vivienda de alquiler vacacional. Hemos cometido un grave error como sociedad, se ha convertido a la vivienda en un producto financiero de inversión a largo plazo con alta rentabilidad, camuflado bajo el derecho a la propiedad privada, olvidamos que la vivienda es un derecho básico recogido en la Constitución.

EL Archipiélago por su propia condición de ínsulas, territorios y espacios acotados, no puede construir hasta el infinito y más allá. No somos una película de Pixar aunque a veces lo parezca. Aquí no cabe todo lo que algunos se empeñan en meter. No vale pensar solo en el negocio inmediato sin mantener la mirada al frente para tener una visión de futuro para intuir las consecuencias, de determinadas decisiones y situaciones, como es el de la vivienda en Canarias.

La regulación de las viviendas de alquiler vacacional no puede quedar en manos de los ayuntamientos, debe formar parte de una política de regulación nacional canaria, por el bien común de todos los canarios y canarias.

Somos territorios frágiles, con una biodiversidad endémica rica, variada y única, con patrimonios arqueológicos que ha de ser respetados y puestos en valor. Disponemos de Espacios naturales protegidos, parques nacionales, reservas de la biosfera. Recuperemos el valor de lo nuestro, que Canarias sea nuestro primer objetivo, que nuestra gente sea nuestra prioridad , que gobernemos para nuestro Archipiélago sin temor, sin pedir disculpas , ni perdón por tomar las decisiones que necesitamos para nuestro bienestar y mejora de la calidad de vida.

Y no, no juguemos a la ambigüedad de dejar puertas abiertas a la posibilidad de construir en suelos rústicos ni a recalificaciones de terrenos, ni a posibilidades que causen daños irreparables y no sirvan para afrontar la emergencia habitacional en canarias, nuestro país, porque ya tenemos bastante cemento y ladrillos en las islas.