El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés, informa que el Consejo incoará los 45 expedientes de desaladoras privadas que hay en la Isla. En primer lugar se actuará contra las que no tienen autorización. Las que nunca la han solicitado o les fueron denegadas antes de la aprobación de las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica, un total de 16; cuando se finalice se comenzará con un segundo bloque de desaladoras, otras 16 que tampoco tienen título habilitante, pero han solicitado autorización antes de la aprobación dichas normas, que se haya resuelto su expediente, otro bloque de 16 desaladoras privadas; y por último se tramitarán los expedientes de las desaladoras o en proceso de renovación, que son 13; más tres que tiene la autorización en vigor.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, indica que se trata de regularizar este sector en la Isla que actualmente esta trabajando sin autorizaciones.

El acuerdo se tomó esta mañana, jueves 20 de julio, en el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote que se celebró en el Salón de Plenos de Lanzarote, con el voto favorable de la mayoría, menos las dos patronales turísticas Asolan y Confederación de Empresarial de Lanzarote (CEL).

La normativa al respecto de las desaladoras privadas siempre ha sido la misma tanto en el Plan Insular de 1991, el Plan Hidrológico Insular de 2001 o en las Normas Sustantivas Transitorios de Planificación Hidrológica y es que el abastecimiento de agua siendo un servicio de interés general en la isla de Lanzarote siempre ha estado prohibida la autorización de desalación industrial para autoconsumo, salvo allí donde no llegue la red pública.

Desde el Consejo Insular se defiende por descontado que dicha prohibición a diferencia a los argumentado por Asolan y algunos partidos políticos de la oposición cuenta con amparo legal en la medida en que; por una parte Europa excluye de manera expresa “los servicios de distribución y suministro de agua y los servicios de aguas residuales”, de la aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva Bolkstein); y por otro el Plan Hidrológico de Canarias 2001 que estima “la conveniencia de fomentar o desalentar la implantación de plantas individuales destinadas a la autoproducción”.

Es por eso que en su día los siete ayuntamientos de Lanzarote decidieron encomendar sus competencias al Consorcio del Agua de Lanzarote que acordaron con el Cabildo de Lanzarote una planificación que establecía un precio diferencial al agua industrial, cómo una fórmula de distribución de la riqueza, hecho que nos permite tener una de las aguas de abasto doméstico más baratas de Canarias.

No debemos olvidar que la facturación del agua industrial es cerca del 70% del total, a pesar de que representa sólo en torno al 25% del número de abonados y que cualquier liberalización del sector conllevaría irremediablemente a una subida desorbitada del agua de abasto doméstico.

Además, conviene recordar que hay unos 250 complejos turísticos en la Isla, 200 de los cuales si pagar el precio industrial y lo que es aún más importante que son uno 17.250 los abonados en la Isla que también pagan el agua industrial (oficinas, guarderías, bares, tiendas o segunda vivienda) y ni esperan, ni aspiran a tener desaladoras de autoconsumo, que solo tienen de manera irregular 50 de 17.250, lo que supone un 0,2% del total de abonados.