El precedente a la demanda presentada ha sido el rechazo del Consorcio a la pretensión del consejero de ser indemnizados con 6 millones de euros por el tiempo transcurrido entre 1984 hasta la actualidad, más 250.000 euros anuales a partir de ahora (7,5 Meuros), que considerando los 30 años que se le presuponen de vida útil al depósito, elevaría el montante global de lo solicitado a 13,5 millones de euros, por una finca rústica cuyo valor ante una hipotética expropiación, el Consorcio del Agua ha estimado en 1.525 euros.
Los nacionalistas, al amparo del artículo 112 del Reglamento Orgánico del Cabildo, pedirán explicaciones al Consejero de Ciudadanos por la demanda judicial presentada en virtud de la cual solicita del Consorcio del Agua que se le declare a él y a sus familiares propietarios de un depósito que abastece al pueblo de Órzola, y que en el caso de prosperar podría desabastecer de agua a dicha población, pretendiendo abonar por el mismo solo 4.271 euros, y con ello forzar el acuerdo anterior que les reportaría 6 millones de euros con inmediatez y 250.000 euros anuales durante al menos los próximos 30 años.
No obstante, si escandalosa resulta la pretensión del consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, más grave resulta su pretensión si consideramos que a la vista del Consorcio los terrenos ni siquiera son de su propiedad, en la medida en que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Haría al Consorcio en el año 1.982.
De esta forma, Benjamín Perdomo deberá dar explicaciones ante el pleno, a petición del grupo político de Coalición Canaria para que atienda a su responsabilidad como cargo público y explique como un miembro de la Asamblea del Consorcio del Agua puede reclamar a este ente -por unos terrenos cuando menos de dudosa propiedad-, una cantidad tan desorbitada e indubitativamente por encima de su valor real.
Esta infraestructura pública que abastece al pueblo de Órzola está inventariada por el Consorcio del Agua desde el año 1983 y fue cedida al Consorcio por el Ayuntamiento de Haría en 1982, siendo la inscripción registral por parte del Consejero y familia del año 2013, pese a que el depósito data del año 1984 sin que hayan aportado títulos antiguos o hayan pagado siquiera el IBI de dicho suelo, por poner solo algunos ejemplos de su descabellada pretensión.