Ante las declaraciones de la Consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Doña Inés Rojas, donde dice sin ningún rubor que la paralización en la adjudicación de viviendas públicas se debe a que nuestra organización presentó una denuncia, nos vemos en la obligación de aclarar y recordar a la opinión pública y al propio Gobierno de Canarias lo siguiente:
Primero: Nuestra organización sindical presenta recurso-contencioso administrativo contra el decreto 138/2007 de adjudicación de viviendas por entender que se vulneraban los derechos de los ciudadanos y se hacía hincapié en que el SORTEO, no era la fórmula idónea para determinar y seleccionar a las familias más necesitadas.
Segundo: El 20 de enero de 2012 la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta sentencia a favor de CCOO y el gobierno interpone recurso de Casación impugnando la sentencia.
Tercero: El 27 de noviembre de 2012 el Tribunal Supremo falla no admitiendo el recurso de casación, es decir, aceptando el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia y condenando a la administración a pagar las costas causadas, cosa que hasta el momento no han hecho.
Cuarto. El Gobierno de Canarias, modifica la Ley de Vivienda en Junio de 2012, antes de la Sentencia del Supremo e introduce el SORTEO como una de las modalidades de adjudicación. Seguramente ya sabían que iban a volver a perder y tenían que modificar la ley porque en ella se recogía que se debía seleccionar a las familias MÁS NECESITADAS y en la nueva redacción la palabra MÁS ha desaparecido.
Los ciudadanos deben saber que nuestra organización ha luchado, está luchando y luchará por el acceso a una vivienda digna de aquellas familias MAS NECESITADAS y que la gestión en materia de vivienda de la Consejera Inés Rojas, ha creado el caos y el atascamiento total en el acceso a la vivienda.
Dijimos, y los tribunales nos han dado la razón, que el sorteo no es la fórmula adecuada, dijimos que el sorteo crearía un caos administrativo y ya tenemos los resultados. Se ha hecho pasar por un calvario a los ciudadanos, obligándoles a inscribirse como demandantes en el monstruo que creo la Consejera en el año 2009, llamado Registro Público de Demandantes de Vivienda, que costó más de mil millones de pesetas y que ya no existe y ese trabajo y el de otras empresas privadas en la actualidad lo están realizando los empleados públicos.
El dinero que se ha utilizado para crear el registro público, se debió destinar a construir viviendas y dar respuesta a la gran demanda que existe en Canarias.
Señora Consejera, no siga diciendo que la paralización es debida a la denuncia de CCOO porque los tribunales han dado la razón a esta organización y usted en vez de aceptar la sentencia ha recurrido y ha hecho un “cango” jurídico modificando en el parlamento una ley buena que protegía a los más débiles. Y esta organización se pregunta ¿por qué no adjudica las viviendas que tiene construidas en la actualidad si ha hecho caso omiso a las dos sentencias? Se lo vamos a decir porque usted ha creado un CAOS organizativo y una pésima gestión en su consejería, creando leyes y decretos alejados de la eficacia y eficiencia que debe tener en la administración, porque a usted solo le importan los resultados estadísticos y ni siquiera ha facilitado el poder obtenerlos.
Tiene usted una gran suerte y es la de contar con empleados públicos responsables y entregados que intentan mitigar el impacto negativo en la población de su mala gestión y con la escasez que tienen de recursos materiales y humanos, se sigue atendiendo a los ciudadanos y se intenta corregir el desaguisado jurídico creado en su Consejería. Señora Consejera siéntese a hablar con sus trabajadores y oiga sus alternativas para solucionar el caos que sólo su dirección ha creado, no culpe al resto de instituciones de entorpecer su gestión, ya lo hace usted solita.