Los nacionalistas lanzaroteños arrancan la carrera electoral hacia el 10N con el convencimiento de que solo uniendo fuerzas en este nuevo proceso electoral se puede garantizar que se respete lo que CC-PNC y NC han logrado en los últimos años: los mayores avances para las islas.

Los candidatos por Lanzarote y La Graciosa, Samuel Martín al Senado, y Eduardo Díaz, número cuatro en la lista que encabeza Pedro Quevedo al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, coinciden en afirmar que es más necesario que nunca que, Canarias en general y Lanzarote y La Graciosa en particular, “cuenten con una voz fuerte que nos represente, que se rebele contra quienes intentan restarnos derechos y que denuncie las maniobras que muchos querrán llevar a cabo para usar nuestros recursos como moneda de cambio”.

Ambos candidatos han recordado que “los senadores y diputados lanzaroteños que nos han representado en las últimas legislaturas no han levantado nunca la voz para defender los intereses de nuestra isla y han antepuesto las prioridades de sus respectivos partidos a las de las de Lanzarote y La Graciosa”.

Para que lanzaroteños y gracioseros sean escuchados en Madrid hay que dar un giro de 180 grados a las políticas que se vienen desarrollando hasta la fecha. Para ello, los candidatos nacionalistas proponen las siguientes medidas para Canarias y Lanzarote y que las mismas sean asumidas por el resto de las fuerzas como un pacto social y político por Lanzarote y La Graciosa en las Cortes Generales:

1.- El compromiso a ejercer como garante en el Congreso y el Senado de los nuevos derechos adquiridos por el pueblo canario tras la reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el nuevo Régimen Económico y Fiscal, denunciando cualquier incumplimiento para que no haya ni un solo paso atrás que merme los planes y proyectos conquistados en las leyes y en los Presupuestos del Gobierno del Estado.

2. Un acuerdo de todas las fuerzas políticas para desarrollar aquellas infraestructuras que son vitales para la conectividad y el transporte con las islas de Lanzarote y La Graciosa: el aeropuerto y el puerto de Arrecife. La ampliación de la pista del aeropuerto “César Manrique” es una prioridad para las islas.

3. La exención de las tasas aeroportuarias en los vuelos para recuperar las plazas perdidas tras la quiebra de Thomas Cook y el próximo cierre de la base de Ryanair en Lanzarote, impulsando además una campaña de promoción en el Reino Unido y Alemania, los dos principales emisores, para amortiguar la caída prevista para las próximas temporadas.

4. El traspaso de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, tal como establece el nuevo Estatuto de Autonomía, para desbloquear los proyectos previstos en el litoral de Lanzarote.

5. El impulso de los planes de infraestructuras turísticas para la renovación de la planta alojativa y la recuperación de los espacios deteriorados.

6. El progresivo desmantelamiento del cuartel militar situado en Arrecife para su uso para nuevas infraestructuras educativas y deportivas, reservando su uso parcial para la acogida temporal de inmigrantes.

7. La actualización de los equipos que componen el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la isla de Lanzarote para mejorar la vigilancia y la seguridad en las costas.

8. La cobertura de las plazas vacantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Lanzarote.

9. Reivindicar la presencia permanente de un destacamento de la Guardia Civil en la isla de La Graciosa, así como exigir al Estado que de una vez por todas arregle el problema del deslinde que separa el casco urbano del Organismo nacional de Parques Naturales.

 

10. El mantenimiento de políticas de empleo específicas con la Comunidad Autónoma mientras no se llegue a la media de índice de empleo del resto del Estado español.

11. La continuidad del convenio plurianual para el Plan Especial de Infraestructura Educativa, dotado con 42 millones de euros anuales, que permita seguir desarrollando el sistema educativo, hasta recuperar su histórica desventaja con las condiciones de otras Comunidades Autónomas.

12. Establecer un plan de actualización de las pensiones no contributivas para igualar su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Dado que la mayoría de las beneficiarias son mujeres, con un alto porcentaje en Canarias, los nacionalistas solicitarán que se corrija una injusticia histórica reconociendo el trabajo de las mujeres en el hogar, en el campo, en el comercio y en los sectores económicos de la economía sumergida. En el caso de las pensiones contributivas, el sistema debe establecer una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional vigente.

13. La financiación prevista en el Régimen Económico y Fiscal (REF) en tanto en cuanto la situación de la pobreza en Canarias sea mayor que la media estatal.

14. El cumplimiento de los compromisos presupuestarios que le corresponden, tanto en la cofinanciación de las prestaciones y plazas como en las inversiones que debe realizar en Canarias en materia de dependencia.

15. Un nuevo modelo de financiación en el que la obligación constitucional de financiación sanitaria por parte de Estado sea más trasparente, específica y no diluida en la financiación autonómica. Junto a ello, una revisión del sobrecoste de la insularidad y la lejanía, propio del único territorio ultraperiférico que tiene el Estado español.

16. La recuperación de los recursos que desde el año 2004 destinaba el Gobierno de España para facilitar la movilidad cultural de los artistas y proyectos culturales de los territorios extrapeninsulares, garantizando la suficiencia financiera que permita la movilidad de deportistas y clubes en el interior de las islas, así como los que participan en competiciones estatales e internacionales.

17. Mantenimiento e impulso del incentivo a la deducción para inversiones en producciones cinematográficas de alta potencialidad.

18. El Gobierno del Estado debe cumplir el nuevo REF para que se consoliden las medidas específicas que compensen los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo de la industria en Canarias, rebajando las condiciones de acceso a los Incentivos Económicos Regionales para que las empresas canarias puedan optar a estas ayudas.

19. El Gobierno de España debe cumplir el “REF agrario” y consignar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para garantizar el 100% de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea, en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI). La cobertura de los seguros agrarios y las subvenciones hasta el 100% del transporte de mercancías son dos logros que se deben defender cada día en las Cortes Generales.

20. Que se cumpla el establecimiento de un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio estatal, así como un plan específico para la instalación de energías renovables orientadas al ciclo integral del agua, fomentar la reducción de los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías, y de la desalación para riego agrícola.

21. Centrar nuestra acción en continuar el trabajo ante la Administración Pesquera Estatal, con objeto de alcanzar al menos un 10% de la cuota nacional de atún rojo para la flota atunera canaria y defender los intereses del sector pesquero canario respecto al inminente reparto de la cuota de otras especies de túnidos migratorios, así como la flexibilización en los periodos de veda, adaptándose así a nuestra realidad geográfica.

22. Un asunto de vital importancia para el sector primario: ante el escenario de que el Reino Unido deje de pertenecer a la UE (Brexit), exigir a España que negocie con la Comisión Europea el mantenimiento o adaptación de las ayudas al transporte de mercancías y de comercialización del POSEI del tomate y el pepino de exportación. Así como la creación de un marco bilateral diferenciado para las RUP.

23. La potenciación, fortalecimiento y aprovechamiento de la oferta científico-tecnológica es fundamental para el desarrollo y el futuro de Canarias. Entre las medidas que debe impulsar el Gobierno del Estado, en colaboración con el Gobierno de Canarias, las Universidades canarias y los centros de investigación científica con sede en las Islas, figuran el fomento de las actividades de I+D y los procesos de transferencia de sus resultados al tejido productivo y la generación de conocimiento y potenciación de la excelencia, con énfasis en la especialización y el fortalecimiento de los siguientes ámbitos prioritarios: astrofísica y espacio, ciencias marino marítimas y biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad.

24. Es necesario acordar con el Estado y con la Unión Europea medidas que aseguren que la compra de bienes digitales desde Canarias no se vea sujeta a sobrecostes de intermediación abusivos, teniendo acceso efectivo al conjunto de la oferta comercial disponible en la Unión Europea. Y que las ventas desde Canarias sean efectivamente accesibles desde cualquier Estado miembro, sin barreras ni dificultades para nuestras Pymes exportadoras.

25. Alcanzar la cohesión territorial y aprovechar nuestra posición geográfica pasa por el desarrollo de las redes de transporte y la adecuación de nuestras infraestructuras marítimas y aéreas. Los canarios pagamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte, un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica del archipiélago y para nuestra construcción como un pueblo único.

26. El 75% de descuento en el transporte aéreo y marítimo de pasajeros ha sido un logro histórico para Canarias. Ahora bien, ante una posible colisión de intereses entre las compañías aéreas para llevar a cabo un artificial incremento de las tarifas, se precisa de medidas claras como el establecimiento de precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público. Este objetivo no es excusa para que se mantenga una continua vigilancia sobre posibles abusos en los precios por parte del Ministerio de Fomento y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como hemos venido exigiendo reiteradamente al Gobierno del PSOE Estado.

27. Reclamar al Estado la firma del convenio para el pago aplazado del importe íntegro de la deuda por el incumplimiento del anterior convenio de carreteras, que asciende a casi mil millones de euros.