El pasado 13 de noviembre, Paulino Rivero remitió una carta al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. La misiva, plagada de abundantes inexactitudes históricas, acaba advirtiendo que "desde Madrid se está abonando el terreno para que broten con fuerza sentimientos y posiciones separatistas, como no ha ocurrido en las Islas desde los años setenta". Advirtiendo el responsable del Ejecutivo canario sobre "el creciente sentimiento de desafección hacia España que se está gestando en Canarias y sobre las inciertas consecuencias a las que puede conducir a medio plazo".
- 1. CARTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 13-NOVIEMBRE DE 2013 Cinco siglos han forjado en los canarios una identidad que, en lo que a la vinculación con el Reino de España se refiere, se ha fundamentado en un marco de relación que ha facilitado el desarrollo de las potencialidades productivas del Archipiélago y de su ubicación atlántica, dándose un mayor impulso cuando, junto a políticas económicas y fiscales específicas, se ha ofrecido debida respuesta a nuestra estrecha imbricación con el escenario internacional. Fruto de ese marco se consolidaron políticas que atendían al carácter diferenciado de la economía isleña, sellándose así un pacto institucional de Canarias con la Corona de Castilla en la esfera económica que durante cientos de años ha sustentado singularidades fiscales y mercantiles. Al contrario, cuando en algún momento de la Historia se rompió el mencionado pacto institucional por decisión unilateral del Estado, nuestras Islas afrontaron etapas de enormes dificultades y carencias. Baste recordar, entre otros ejemplos, lo ocurrido en la primera mitad del siglo XIX cuando el Estado optó por suprimir el legado fiscal y librecambista isleño para encajar al Archipiélago en un proyecto nacional común, lo que propició el mayor ciclo de pobreza de la historia insular y una auténtica diáspora y también que los canarios plantearan y consiguieran que la participación de las Islas en el nuevo Estado estuviera vinculada a la aceptación de su especial estatuto fiscal y mercantil y su adecuación a los nuevos tiempos. El viejo pacto institucional se reeditó entonces con la materialización del decreto de Puertos Francos. Los ejemplos son innumerables. La Historia demuestra que cuando, por acción u omisión, el Reino de Esparta ha desatendido las singularidades que marcan nuestra realidad económica y fiscal, se ha lastrado el progreso y bienestar de los canarios. A la vista está, la experiencia acumulada durante siglos anuncia que, llegados al momento presente, caso de romper el Gobierno de España el pacto institucional de referencia, se abrirá un escenario de incertidumbre en las relaciones Canarias-Estado. Lamentablemente, debo advertir que nos acercamos a dicho escenario de incertidumbre. El acuerdo en el que históricamente se ha apoyado el pacto tácito de las Islas con España se resume en que Canarias garantiza su lealtad al Reino de España a cambio de que el Estado atienda las singularidades económicas y fiscales del Archipiélago, así como la necesidad de impulsar políticas diferentes que den respuesta a una realidad distinta. Una de las partes -el Gobierno de España, en este caso- está rompiendo unilateralmente dicho pacto institucional, y es mi deber como presidente de Canarias alertar de las consecuencias que tal incumplimiento puede provocar en una sociedad que, percibiendo tal ruptura, se siente cada vez más alejada de España.
- 2. De años a esta parte, fruto de la falta de atención y respuesta a los derechos y demandas de las Islas por parte del Gobierno de Madrid, la sociedad canaria siente que cada vez es mayor la distancia que separa el esfuerzo que el Estado lleva a cabo en otros territorios y el que hace con el Archipiélago. En lo que constituye una dinámica sin precedentes en esta etapa democrática, el sentimiento de vinculación estrecha a España se está debilitando en un territorio donde viven más de dos millones de ciudadanos. Es necesario que el presidente del Gobierno de España sepa que la sociedad canaria percibe de forma creciente y mayoritaria que no está recibiendo un trato justo por parte del Estado y, en este mismo sentido, que España no está haciendo lo suficiente por Canarias. A pesar de los mandatos constitucionales, los canarios no están en condiciones equiparables al resto de ciudadanos del Estado. Se está convirtiendo a Canarias en un territorio de ultramar postergado sistemáticamente en el ámbito de todas las políticas públicas que se acuerdan desde la capital de España, cuando responsablemente debería ser al revés, mereciendo el Archipiélago ser objeto de políticas específicas que eviten que sea una tierra cada vez más alejada del resto del Estado en todo tipo de indicadores. Así lo viene haciendo Bruselas en su ámbito de competencias, pero no es el caso del Gobierno de España. Los datos la avalan y me permito destacarte sólo algunos de los más significativos: Canarias tiene la segunda tasa de paro más alta de España (33,6%) y, en cambio, es el territorio peor tratado en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Canarias ha cumplido con los objetivos del déficit marcados por el Estado y, sin embargo, no se atienden debidamente las urgencias de las Islas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 201.4 (entre otros ejemplos sangrantes por las características y situación de la economía del Archipiélago: se eliminan 82 millones de euros para políticas activas de empleo a uno de los territorios más castigados por el desempleo; se suprimen las inversiones del Estado correspondientes a las actuaciones de rehabilitación de infraestructuras turísticas; se mantiene la drástica reducción en la subvención a la desalinización del agua; o se minoran en más de un 70% los convenios de aguas y carreteras). La inversión media regionalizada per cápita del Estado en el ejercicio 2014 asciende a 215 euros, mientras que en Canarias es de 155 euros (el diferencial de inversión supone en 2014 más de 126.012 millones de euros). Canarias es un territorio insular y alejado, cuya dependencia de las comunicaciones aéreas y marítimas es evidente; y, sin embargo, las partidas destinadas a la subvención del tráfico aéreo en los Presupuestos Generales del Estado se han reducido un 35% desde el año 2010 y las dirigidas a la subvención al transporte de mercancías han sufrido una merma de 34 millones de euros. Mención especial requiere el sistema de financiación autonómico, cuya modificación sigue pospuesta.
- 3. Es necesario que el Presidente del Gobierno de España sepa que, de años a esta parte, Canarias está más lejos de España y que debe reconducirse la situación de forma urgente porque de lo contrario se estará abonando un sentimiento de desafecto con consecuencias por ninguno deseadas. De ahí que, como Presidente de Canarias, sea mi responsabilidad alertar, antes de que sea demasiado tarde, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. No ha variado la geografía, pero sí ha cambiado, a peor, la conectividad de las Islas con la Península. Viajar a Canarias desde territorio peninsular o viajar a la Península desde Canarias es hoy más difícil y más caro. Hay menos plazas de avión disponibles y son sustancialmente más caras. Además, a los canarios se nos exige llevar en el bolsillo un documento que acredite que somos canarios por la desidia y desinterés del Gobierno de España. Es necesario que el Presidente del Gobierno de España sepa que a Canarias y a sus instituciones se las desoye desde el Gobierno que preside. Una muestra reciente la tenemos en la tramitación por el Ministerio de Industria y Energía del expediente para autorizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. No pretendo llamar tu atención sobre el fondo del asunto, en el que existe discrepancia entre la postura del Gobierno de España y la de todas las instituciones canarias afectadas. Lo institucionalmente relevante es la falta de respeto y la deslealtad con la que desde el Gobierno de España se viene tratando al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, a los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y a todas las corporaciones locales de ambas Islas, que se han posicionado públicamente en contra de las prospecciones. En un asunto de la máxima trascendencia para Canarias y su futuro, el Gobierno de España actúa con prepotencia y con un evidente desprecio a las instituciones y particulares que no comparten su opinión. Debes tener presente, además, las especiales connotaciones políticas de este tema que derivan de la vecindad con Marruecos y de las dificultades para delimitar las aguas territoriales. Estimado Presidente, cualquiera de los asuntos que te he planteado justificaría sobradamente tu reflexión. Por todo ello, es mi obligación como Presidente del Gobierno de Canarias llamar tu atención sobre el creciente sentimiento de desafección hacia España que se está gestando en Canarias y sobre las inciertas consecuencias a las que puede conducir a medio plazo. Desde Madrid se está abonando el terreno para que broten con fuerza sentimientos y posiciones separatistas como no ha ocurrido en las Islas desde los años setenta. Del mismo modo, es mi deber como Presidente señalarte que no pasan desapercibidas en el Archipiélago las distintas varas de medir del Gobierno de España frente a los
- 4. problemas territoriales, ni los estímulos a los que parecen responder con mayor celeridad quienes deben velar por el interés de todos los que a fecha de hoy integramos el Estado. En tus manos está poner los medios y la atención necesarios para evitar que el alejamiento de Canarias con respecto a España siga creciendo. Sabes que cuentas, como siempre, con mí disposición para tratar estos asuntos y buscar soluciones desde la lealtad institucional a la que obligan nuestros respectivos cargos. Mi obligación es alertar de que la lealtad de las Islas no está siendo correspondida por un Gobierno del Estado que, al desentenderse de las singularidades económicas, fiscales y presupuestarias del Archipiélago, incumple el pacto institucional que históricamente ha unido a Canarias con el Reino de España y abre así un escenario enormemente incierto. Paulino Rivero Baute Presidente del Gobierno de Canarias