El secretario general de Podemos en Lanzarote, Carlos Meca, considera, en relación a la pena de 6 años de prisión que ha aceptado el ex alcalde de Yaiza, que aunque el caso Yate y la confesión de Reyes han sido determinantes para desmontar viejas teorías interesadas por parte de partidos políticos y medios de comunicación, “el gran problema es que quienes sobornaron a Reyes siguen sueltos”.

“José Francisco Reyes aceptó los sobornos y consumó las ilegalidades, pero el gran problema es que quienes le sobornaron siguen sueltos, son conocidos por todos, y no van a cambiar su modus operandi para poder seguir comprando voluntades y dando pelotazos. Lo estamos viendo con el caso Stratvs, con un gobierno de Canarias y un Cabildo insular rendidos a los intereses del propietario de la bodega clandestina”, denuncia Meca.

Meca lamenta, además, que en la celebración los días pasados en Gran Canaria del juicio del caso Yate por la concesión masiva de licencias ilegales de hoteles en Playa Blanca entre los años 1998 y 2007, los acusados se hayan negado a responder a la acusación popular “demostrando que la supuesta colaboración con el sistema judicial es muy parcial e interesada”.

El ex alcalde de Yaiza aceptó hoy en el juicio del caso Yate una pena de 6 años de cárcel además del pago de una multa de más de 300.000 euros y el decomiso de los bienes que adquirió con el dinero procedente de los sobornos a empresarios y promotores por conceder licencias ilegales en Playa Blanca.

Reyes había confesado recientemente por escrito que recibió más de 300.000 euros en metálico de diferentes promotores y constructores “en concepto de recompensa" por la concesión de esos permisos ilegales en Playa Blanca, pero la Unidad de Droga y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (Udyco) ya había detectado gastos y movimientos que se elevan a 1,2 millones de euros de origen desconocido.

Podemos considera que todos aquellos empresarios y políticos que supuestamente participaron en la comisión de delitos investigados en el caso Yate deben responder ante la justicia. En el caso Yate se investigan delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho, delitos contra la ordenación del territorio, malversación y blanqueo de capitales, entre otros.

“Aquellos que se saltan la ley sobornando a políticos corruptos también tienen que asumir su responsabilidad ante la sociedad lanzaroteña. En Lanzarote nos han robado dinero a todos los contribuyentes, tanto los sobornados como los que han sobornado, y en esta isla escasean inversiones en necesidades reales como colegios en condiciones, centros de salud, ambulancias medicalizadas y mayores prestaciones en el hospital general, entre otros”.

En cuanto a la cobertura del caso por algunos medios de comunicación, Podemos lamenta que “llevemos años soportando un relato muy poco digerible de lo ocurrido con los hoteles ilegales de Playa Blanca y con el puerto Marina Rubicón por parte de medios de comunicación propiedad de los mismos que repartieron las dádivas”.

Además, señala que “no es aceptable que en el sur se construyeran hoteles ilegales con subvenciones europeas y que el puerto deportivo Marina Rubicón pudiera llegar a finalizarse sin contar con los permisos pertinentes”. Meca recuerda que el propio Reyes confesó que recibió una dádiva de 60.000 euros por parte de los dueños de Marina Rubicón.
Con respecto a la construcción de Marina Rubicón, Carlos Meca insiste en que “el ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote tienen una deuda ética contraída con los propietarios de las viviendas de El Berrugo que fueron desalojados”. “Deberían hacer todos los esfuerzos posibles para que recuperaran sus casas y resarcirles en lo posible el daño y la humillación que se les causó”, concluye.