El titular del Juzgado nº 3 de Arrecife, Rafael Lis ha dictado un auto en el que solicita al ex-Secretario Insular del PSOE y ex Consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, una fianza de 1,5 millones de euros "en 10 días", en concepto "de responsabilidad civil", por el conocido como Caso de la cocina de Los Jameos.
Según dicho auto judicial, existen "SOBRADOS INDICIOS RACIONALES de haber incurrido en delitos de Prevaricación, Malversación y Fraude", ya que "contrató en diciembre de 2007 el suministro y montaje de la cocina de los Jameos del Agua, por importe de 224.450 euros, sin concurso a la empresa Climafrical, a su compañero de partido Antonio González Medina".
De hecho, dos técnicos de la empresa de los CACTs llegaron a afirmar que el contrato inicial ascendía a la cantidad de 224.450 euros, pero al final el montante ascendió a "377.552 euros". No sólo eso, sino que se pagaron "sin licitación ni contratación", 158.978 euros en Las Montañas del Fuego, y 150.284 euros en Monumento al Campesino, "por suministros y obras". Todo a la misma empresa, ascendiendo el cobro a los 733.873 euros.
- Facturó 1.048.315 euros
También aparecen en el auto judicial, 2 empresas más de Antonio González: Instalaciones Castillo de Berrugo y Promociones Govi. Las cuales llegaron a cobrar unos 38.000 euros "sin constancia de contrato, sin concurso, y sin licitación previa", supuestamente "con precios por encima de mercado o con suministros sin realizar". Tanto es así que el Juzgado entiende que hay "claros indicios de que se troceó la facturación desde las distintas empresas con el fin de eludir los procedimientos de contratación".
Por todo lo cual, impone una fianza de 1,5 millones de euros a Carlos Espino (quién en la actualidad es asesor de la parlamentaria y Alcaldesa de San Bartolomé, Loly Corujo); y otra de 1,3 millones al empresario Antonio González Medina (quién facturó 1.048.315 euros en la operación). Asimismo se establecen fianzas a los otros tres encausados, entre 95.616 y 49.428 euros. Advirtiendo que en caso de que no se paguen,“se decretará el embargo de sus bienes”.