El Cabildo de Lanzarote presentó ayer, 18 de junio, la cuarta demanda judicial contra el Ministerio de Industria ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por no cumplir con la obligación de aplicar la Ley de Hidrocarburos y haber declarado ya la extinción de las autorizaciones que Repsol mantiene para perforar en Canarias. Los magistrados del tribunal han remitido a la corporación lanzaroteña un auto afirmando que la petrolera ha “renunciado expresamente” a continuar con los sondeos, aunque la Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, afirmaba en un escrito dirigido al cabildo 18 días más tarde que, “no le consta” ninguna renuncia de la petrolera a los sondeos.

 

 

El Cabildo mantiene con firmeza que los permisos otorgados a Repsol por el Ministerio de Industria han quedado sin efecto tras los evidentes incumplimientos de la multinacional a las condiciones establecidas en la Resolución de 11 de agosto de 2014, y así lo ha hecho constar en tres requerimientos administrativos remitidos al Ministerio de Industria desde el pasado 25 de febrero. Pero ante la absoluta falta de respuesta del ministerio dirigido por José Manuel Soria, el Cabildo recurrió a los tribunales para que éstos exijan al gobierno español los motivos por los que sigue amparando los intereses de la petrolera contraviniendo la Ley de Hidrocarburos y atentando contra los intereses y la dignidad de la sociedad canaria.

 

 

El gobierno lanzaroteño manifiesta también el más rotundo rechazo a las declaraciones efectuadas recientemente en el Senado por el ministro Soria, al afirmar que “en caso de retirar la autorización, el Gobierno tendría que indemnizar a la petrolera”. Las palabras del ministro evidencian una inaceptable y reiterada defensa de los intereses petroleros que va mucho más allá de su aparente desconocimiento de la Ley de Hidrocarburos; la negativa del ministro a cumplir con la obligación de extinguir los permisos en Canarias releva una connivencia personal y explícita con la multinacional Repsol, que difiere claramente de las decisiones adoptadas por su departamento para anular los permisos petrolíferos en prospecciones en Andalucía en 2014 y en Baleares en el presente 2015. Además, el ministro vuelve a faltar al respeto de la sociedad canaria al afirmar en enero que su Ministerio iba a sancionar a Repsol por abandonar los sondeos, pero ahora, cinco meses más tarde, afirma que no puede suspender el permiso porque si no tendría que indemnizar a Repsol.

 

 

Pero Lanzarote califica también de rotundamente falsa la afirmación del ministro Soria de indemnizar a la petrolera si le retira el permiso, y le exige que cite públicamente qué Capítulos y Artículos de la Ley de Hidrocarburos avalan sus declaraciones, porque, por el contrario, en el Capítulo V, Artículo 34 (extinción de permisos) no sólo no establece ningún tipo de indemnización por la renuncia de las prospecciones (de hecho, el Gobierno no ha sancionado ni indemnizado a la petroleras que renunciaron a sus prospecciones en Baleares y Andalucía), sino que obliga al Estado a dejar sin efecto un permiso de perforación si el promotor incumple las condiciones estipuladas, como sí ha sucedido con Repsol en Canarias.

 

 

La administración lanzaroteña anuncia el refuerzo de sus acciones jurídicas y administrativas en Madrid y en Bruselas con la conformación de un nuevo y amplio frente en Canarias para denunciar las prospecciones de Repsol y la reprobable actitud del Gobierno de España en este asunto. El Cabildo de Lanzarote prepara acciones para todos y cada uno de los 88 ayuntamientos, de los 7 Cabildos, del próximo gobierno autónomo, y de colectivos sociales muy diversos, para llevar a plenos y para aunar esfuerzos hasta que la amenaza petrolera desaparezca definitivamente de Canarias.