Ante las informaciones publicadas en pasados días sobre la denuncia en Fiscalía del Grupo Político de Podemos sobre los levantamientos de reparos de intervención para el abono de facturas que el Cabildo está obligado por Ley a pagar por la prestación de diversos servicios y suministros u obras, el consejero de Presidencia, Hacienda y Contratación del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez, comunica lo siguiente:

1. En primer lugar, en el Cabildo de Lanzarote no ha sido registrada ninguna notificación del Juzgado referente a este asunto, ni la Presidencia tiene conocimiento de la citada denuncia en Fiscalía, salvo por las informaciones trasladadas por Podemos y publicadas en estos pasados días en los medios de comunicación.

2. Desde la Presidencia y área de Hacienda y Contratación de este Cabildo volvemos a defender el rigor en la gestión económica llevada a cabo en los procesos de contratación y tramitación administrativa de la Institución, tanto en lo relativo a la dirección política como en la corresponsabilidad técnica, a tenor de los indicadores económicos y financieros que se desprenden de la misma desde el año 2010, con datos que certifican -y así se puede corroborar- la notable mejoría en la mayoría de los indicadores.

3. Reiterar en este sentido la seriedad, honradez y buena fe de los técnicos de los diferentes departamentos y organismos dependientes de la Institución que hacen las propuestas de gasto y/o compras o contratación y dan conformidad de que los suministros, servicios y obras se han realizado correctamente por las distintas empresas proveedoras y de acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. Todas las administraciones públicas, sin excepción, están obligadas por Ley a pagar a todos aquellos proveedores que presten servicios, suministros u obras al objeto de no incurrir en un “enriquecimiento injusto” de la Institución por no abonar las facturas, independientemente que se produzcan disfunciones obligadas y no deseadas en los procedimientos. El que se produzcan, por distintos motivos (explicados a continuación), este tipo de disfunciones en todas las administraciones públicas de España, y el Cabildo no es ninguna excepción, no quiere decir que se haya carecido de procedimiento en las contrataciones o pago de estas facturas; es decir, no se ha contratado ningún servicio o adquirido un suministro a ningún proveedor “a dedo” ni se ha tratado de beneficiar a ninguna empresa, como trata de denunciar pública y falsamente Podemos.

5. Estos levantamientos de los reparos de intervención, realizados por el Presidente o por el propio Pleno que son los únicos órganos que por Ley pueden hacerlo, se han realizado en esta administración -SIEMPRE- previo informe técnico de justificación de la necesidad y las explicaciones sobre las razones que han abocado a la Institución a realizar la contratación(nunca sin procedimiento), además de la obligación de abonar la prestación del servicio o suministro, atendiendo a diferentes factores, bien sea por un principio de continuidad en la prestación del servicio y suministro (al objeto de no paralizarlo, en tanto no finalice el nuevo procedimiento de contratación -que se puede retrasar por múltiples causas, no siempre imputables a la administración- y se adjudique el nuevo contrato) o, en muchos casos, por el retraso incluso en la presentación de facturas por parte de los propios proveedores. Esto último, principalmente ocurre a finales y principios de año con el paso de un ejercicio a otro.

   También ocurre que algunos de estos servicios y suministros, por su especial complejidad, han quedado desiertos en los procedimientos de licitación y es absolutamente necesaria la continuidad en la prestaciónde los mismos; como es el caso de Hospital Insular que en ningún momento se puede dejar de suministrar productos farmacéuticos.

6. La totalidad de las obras y suministros y servicios del Cabildo de Lanzarote se adjudica a través de contratos mayores o menores o mediante propuesta de gastos con un mínimo de tres presupuestos solicitados “voluntariamente”, no estando obligados por Ley a solicitarlos (en algunos casos se llevan a cabo dichas propuestas de gastos hasta con seis presupuestos diferentes).

El Gobierno insular se “auto-impuso” hace unos años, en las bases de ejecución del Presupuesto, esta obligación de solicitar como mínimo tres presupuestos diferentes para concurrir precisamente a la mejor oferta económica y abaratar costes y gastos a la administración. Por lo tanto, nada más lejos de la realidad el que se haya producido ningún “perjuicio para la Institución”. Esta auto-imposición se realiza en contratos o compras de servicios y suministros de más de 600 euros en gastos corrientes y en 1.000 euros para inversiones. Hecho prácticamente inusual en la administración pública de toda la geografía española.

7. En general, los reparos corresponden con errores administrativos o disfunciones puntuales y excepcionales de cierto tipo de servicios o suministros (farmacéuticos, gastos de agencias de viaje o seguridad, entre otros) que son en muchos casos susceptibles de convalidación o de seguir tramites procedimentales específicos.

Tal y como se ha detallado en puntos anteriores, muchos corresponden a reparos del Hospital Insular de gastos farmacéuticos; como -por ejemplo- los productos y medicamentos prescritos por los responsables médicos y/o facultativos de farmacia del mismo, siendo un número elevado de compras de fármacos específicos a ciertos laboratorios.

8. Sobre la cuantía de estos reparos, informar que a pesar de que efectivamente lo deseable es que no existan los mismos, sobre el total del gasto corriente e inversiones del Cabildo, que son unos 40 millones de euros, el porcentaje de dichos reparos es mínimo.

9. El Cabildo de Lanzarote está realizando desde hace varios años un gran esfuerzo en la unificación de los gastos por la prestación de servicios y suministros comunes, en una administración que cuenta con más de una treintena de áreas, servicios y centros diferentes. Fruto de estas políticas restrictivas es el Plan de Contención del Gasto que se impulsó desde la Presidencia y la Consejería de Hacienda del Cabildo y que ha supuesto, a lo largo de estos años, una drástica reducción de los gastos muy importante para la Corporación insular.

Asimismo, desde la Presidencia del Cabildo y la Consejería de Hacienda y Contratación se continúa trabajando en mejorar los procedimientos administrativos y, especialmente, de contratación para que el número de reparos sea mínimo y cada vez haya menos disfunciones en los procedimientos que haya que corregir.

No obstante, reiterar la buena fe tanto de la dirección política como técnica en las diferentes contrataciones conforme a que todos los levantamientos de reparo firmados por el Presidente del Cabildo o dado conformidad el Pleno de la Corporación para poder pagar las facturas a los proveedores que han prestado sus servicios de manera correcta al Cabildo, han sido justificados por diferentes informes y están sometidos al citado principio de 'interés general' y de no incurrir en un 'enriquecimiento injusto'. De igual forma, todos los pagos que se realizan, una vez se ha levantado el reparo, han sido fiscalizados con conformidad de la Intervención.