El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, acompañado de la consejera de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, y el consejero de la presidencia y Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, explicó el proceso que llevó a cabo el grupo de Gobierno para recuperar este servicio.
“Cerramos un capítulo de incertidumbre, no solo de los propios trabajadores, sino de los residentes en esta isla que reclaman una mejora de nuestras vías y nuestro paisaje”, subrayó Medina, quien además recalcó que cuando se accedió al grupo de Gobierno se encontró un servicio “deficitario y mermado por el poco personal”.
“Si no llegamos a efectuar hoy este acuerdo, los 31 trabajadores del servicio se hubiesen quedado en paro y no serían subrogados por la empresa”, aseveró Medina, quien puso en valor que esta situación es la más beneficiosa para el bienestar de todos ellos.
Ahora, el Cabildo de Lanzarote ha dado luz verde tras el informe de la asesoría jurídica de la Corporación que da el visto bueno a recuperar este servicio, que no solo contempla la subrogación de la plantilla que actualmente ofrece el servicio, sino que también conlleva una ampliación de plantilla y mejora de las condiciones laborales.
“Pronto tendremos un servicio a la altura de lo que necesita Lanzarote, con una plantilla adecuada y que además disfruten de un aumento del salario y un mayor número de instrumentos y de herramientas para desempeñar sus funciones”, añadió Medina, quien agradeció enormemente la labor de los trabajadores de las áreas de Hacienda y Contratación, Obras Públicas y Recursos Humanos para solventar esta problemática.
Nulidad en el procedimiento
Jacobo Medina explicó de forma pormenorizada el procedimiento que llevó a la situación actual, que empezó “con una providencia del consejero Alfredo Mendoza anunciando que no prorrogaría el servicio”. “Una providencia no es el procedimiento competente y correcto para ejecutar una decisión de este tipo, sino el consejo de Gobierno”, explicó Medina.
Esta situación anómala propició que la UTE Tabaiba, quien había ganado la licitación del servicio, demandase al Cabildo de Lanzarote al considerar que existía una nulidad flagrante en el proceso realizado por la Corporación insular.
“Hemos llegado a un acuerdo con la empresa, y debido a la mala gestión del Gobierno anterior tenemos que indemnizar a la empresa con 135.237 euros, a lo que habrá que añadir el lucro cesante, daño emergente y las costas del procedimiento”, aseguró Medina en la rueda de prensa, quien pese a tener que abonar esa cuantía califica como una “noticia muy positiva” que se recupere el servicio.
“Lanzarote no podía permitirse que, debido a una inquina política del Gobierno anterior, nuestro paisaje se viese afectado y que tuviésemos un servicio tan deficitario. Hemos dado un paso hacia delante clave en el devenir de nuestra isla”, concluyó Medina.