El Ayuntamiento de Arrecife, una vez más, ha vuelto a dejar vencer un plazo judicial en un procedimiento de expropiación que lleva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al no avisar a la abogada designada (durante 8 meses) de que ella iba a llevar el caso. Tanto es así, que el consistorio podría enfrentarse a un nuevo Caso “Ginory” si nada lo remedia. Sobre todo cuando nos referimos a un Sistema General (SG-9), que en el borrador del nuevo Plan General aparece como suelo urbano consolidado.

• El 19 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Arrecife solicitó los servicios de una Abogada para “la defensa del Ayuntamiento en procedimiento de expropiación interpuesto por Rosario Cabrera Tavío e Hijos SL ante TSJC contra acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias”.
• El 21 de junio de 2017, la letrada presentó el Presupuesto de sus servicios al Ayuntamiento de Arrecife.
• Desde esa fecha, la abogada no recibió notificación alguna sobre la oferta, llegando a considerar que “el procedimiento lo estaría llevando otro profesional teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la presentación de la oferta sin noticias”.
• Así fue hasta que el pasado 21 de febrero de 2018, la citada letrada recibió el “decreto de nombramiento de abogado para el procedimiento ordinario 14/2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC. El Decreto es de fecha 19 de febrero de 2018, expediente de contratación 769/2018.
• El mismo 21 de febrero, la letrada se puso en contacto con la Sala del TSJC que lleva el procedimiento, y le comunicaron que “el plazo para contestar a la demanda ESTÁ PRECLUIDO desde el 30 de enero de 2018”. Es decir, que “en esta fase procesal ya no se puede proponer prueba ni aportar documental, por lo que las posibilidades de defensa son muy reducidas”.
• Como era de esperar, el 22 de febrero de 2018, la abogada RENUNCIÓ porque “no me parece ético, ni profesional ni moralmente, realizar una personación a efectos de recibir simples notificaciones del tribunal, SIN POSIBILIDAD DE CONTESTAR A LA DEMANDA DE LA OTRA PARTE”. Advirtiendo que “se deberían depurar responsabilidades y establecer protocolos para que estos hechos no vuelvan a suceder en el futuro y no se comprometan los intereses generales que debe defender la institución”.
• El miércoles 7 de marzo de 2018, durante la celebración del Pleno Ordinario, nuestro Concejal Electo Andrés Medina, en el apartado de Ruegos y Preguntas interpeló a la Alcaldesa sobre el asunto. Y como ya es habitual en ella, el mutismo fue su respuesta.

Tal y como reseñó la jurista, el Ayuntamiento de Arrecife debería desplegar, con todos los recursos jurídicos y técnicos posibles, la representación de la posición municipal en la Comisión de Valoraciones de Canarias. Para con posterioridad, impugnar todos los acuerdos de la citada Comisión y llevar una defensa activa de sus intereses, con una personación rápida en todos los procedimientos judiciales que se le comuniquen. Teniendo en cuenta que están en juego los intereses generales del municipio, y las arcas municipales. Es decir, los recursos económicos para hacer frente a los servicios mínimos de toda la ciudadanía de la capital de la isla.