Ante el proyecto de presupuestos de Haría para el ejercicio 2014 aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno, desde Alternativa Democrática hacemos la siguiente valoración:

Dado que todas las iniciativas que hemos presentado a lo largo de la legislatura han sido rechazadas sistemáticamente, y no albergando ninguna esperanza de encontrar cambio de actitud en el gobierno local que nos permitan aportar nuevas propuestas, sólo nos queda reconocer que es muy legítimo aunque lamentamos que no nos muevan los mismos intereses o que no tengamos las mismas inquietudes ni la misma idea de futuro para nuestro municipio, lo que empobrece tremendamente la gestión municipal.

Plantean en la memoria de alcaldía de estos presupuestos, que el Ayuntamiento se ha acogido a la aplicación de coeficientes reductores del valor catastral de los inmuebles. Y que “la necesidad de conocer el resultado de este procedimiento es lo que ha provocado el retraso en la aprobación del Presupuesto, priorizando la corrección de los cálculos y su ajuste a la realidad”, y no se ruborizan al calificar de “importante descenso en cuanto a los ingresos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aliviando la presión fiscal sobre los vecinos”, cuando la verdad es que continuamos con unos impuestos directos Superiores a los del 2012, Ello a pesar de que se nos habían vendido en el pleno del pasado mes de febrero que la presión del IBI se situaría a la altura de 2010. Una mentira más de este alcalde.

Según plantean en la misma memoria de alcaldía “este Proyecto de Presupuesto se caracteriza en todo momento por su racionalidad, su prudencia y, sobre todo, por su coherencia con las posibilidades de financiación existentes”, y recalcan “una vez más, que ha sido la prudente gestión del gasto realizada en los ejercicios precedentes la que ha permitido que en el presente año no sólo se mantengan, sino que se incrementen y mejoren las inversiones a realizar”.

Aunque entendemos que resulta presuntuoso hablar de esfuerzo inversor cuando, según reconoce la propia memoria de alcaldía servirá principalmente, para mantener en buen estado de uso de aquellas inversiones realizadas en su día, valoramos positivamente este sensible incremento.

Volviendo a lo de racionalidad y prudencia, vamos a ponerles un ejemplo claro de ellas. La empresa R.I.S.L. presta un servicio al ayuntamiento desde hace más de una década. La cuantía anual de ese servicio en 2012 es de 75.000,00 euros como crédito inicial, aunque luego nos encontramos con unas obligaciones reconocidas superiores a los 92.000,00 euros. En 2013 le adjudican a esa misma empresa un crédito inicial de 90.000,00 euros que se transforman en unas obligaciones reconocidas de 127.557,8. Para el 2014 tienen previsto un crédito inicial de 97.000,00 euros lo que, siguiendo la tónica se convertirán en unos 136.000,00euros. Cifras estas que distan mucho de los 18.000,00 euros a partir de los cuales tendría que sacarse a información pública este contrato, lo que supondría entrar en una dinámica competitiva de mercado que podría beneficiar sustancialmente a la institución, sin contar con que si el ayuntamiento asumiera ese servicio nos ahorraríamos en torno a los 100.000,00 euros anuales. En un ejercicio económico aislado esto podría considerarse una irregularidad, pero pese a ser informado negativamente por la interventora municipal año tras año y pese a ser rechazado por ALDEM año tras año, continúa vulnerándose la legalidad. La situación se agrava con el hecho de que este ejemplo no es un caso aislado, pues tras revisar las facturas de los últimos ejercicios nos encontramos con que este comportamiento se lleva con una media docena de empresas, algunas de ellas relacionadas directamente con familiares y amigos de destacados dirigentes de CC. Al persistir en este comportamiento ilegal y no manifestar ni el más mínimo propósito de enmendarse, como se refleja en estos presupuestos, ya no podemos hablar de irregularidad sino de una gestión sistemática basada en el amiguismo y la corrupción que pretenden seguir perpetuando, escondidos principalmente tras epígrafes tales como trabajos realizados por otras empresas.

Ha amenazado el Sr. Stinga al portavoz de esta formación, en algunas ocasiones con los tribunales, pues bien, ahora no es una opción, ahora dada la gravedad de lo denunciado, como máximo representante de un organismo oficial en el que se ha hecho esa denuncia, el Sr. Stinga está obligado a poner en conocimiento de los tribunales los hechos manifestados a fin de determinar si además de vulnerar la legalidad estos hechos son constitutivos de delito.

Esperamos que cumpla con su obligación.

José Pérez Dorta