Alternativa Ciudadana reclama la retirada de la Ley del Suelo y abrir un proceso participativo, plural e igualitario desde la base social, como se está haciendo en Euskadi y Cataluña. La Ley del Suelo ha de ser discutida colectivamente, porque tiene una gran trascendencia para todo el Archipiélago; sobre este instrumento jurídico se asienta un concepto del modelo de desarrollo económico y social que va a condicionar la forma de vida de toda la comunidad en las próximas décadas.
La importancia de la ley es la que explica, según la organización asamblearia, la necesidad de un proceso participativo desde la base, que dure todo el tiempo que se requiera, que cuente con recursos humanos y técnicos, y que sitúe a la ciudadanía en un nivel de comprensión que le permita tener referencias sobre todos los valores que entran en juego, tal como se está haciendo en estos momentos en las comunidades autónomas más desarrolladas del Estado.
Alternativa Ciudadana subraya que una consulta a la ciudadanía sin cumplir estas condiciones estaría pervirtiendo el objetivo democrático de cualquier proceso de deliberación colectiva. La Ley del Suelo es un asunto complejo y susceptible de ser sujeto de la manipulación mediática por parte del Gobierno de Canarias. Mientras que la gran mayoría de la ciudadanía se mantenga desinformada, como ahora, puede caer fácilmente en el mentiroso y manido argumento de la obtención de puestos de trabajo con el cambio de legislación en materia de ordenación territorial y urbanística.
Por estos motivos, para Alternativa Ciudadana sólo es válido un debate colectivo si reúne las condiciones de pluralidad, con igualdad de oportunidades en la difusión pública de las distintas posiciones, y con un procedimiento que alcance a toda la sociedad canaria. La discusión en torno al modelo de desarrollo que supone la Ley del Suelo no debe quedarse enclaustrada en las paredes del Parlamento: deben participar en este proceso los sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, partidos políticos extraparlamentarios, profesionales de sectores implicados en la conservación del territorio y juristas, entre otros; pero, especialmente, debe participar la ciudadanía convocada con este fin y preparada como opinión pública consciente de todas las opciones.
Alternativa Ciudadana recuerda que la Ley del Suelo que pretende imponer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo con el apoyo del PSOE, rompe con el modelo de uso del suelo impulsado en 1987 por el Pacto de Progreso, que basó su legislación en tres principios: la protección del suelo rústico, la eliminación de las tentaciones de municipios sobre usos diferenciados del territorio, y la defensa de los espacios naturales. Aunque el desarrollo normativo estableció filtros que hasta ahora persuadían de cometer desmanes sobre el territorio insular a agentes técnicos y políticos –que habitualmente actuaban en colaboración con grandes empresarios-, la propuesta de la Ley del Suelo de Clavijo pretende legalizar todas las prácticas irregulares y tropelías que durante los últimos años han querido implantar por la vía de los hechos un reducido grupo de empresarios y sus embajadores políticos.