Antes y después de la publicación del Real Decreto 600/2012, de 30 de marzo, por el que se declara zona de interés para la Defensa Estatal el Campo Estatal de Maniobras y Tiro de Pájara, Fuerteventura, publicado en el B.O.E número 78, de 31 de marzo de 2012, las instituciones públicas de la isla de Fuerteventura, en especial el Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo Insular de Fuerteventura, así como colectivos sociales de la isla y el Parlamento de Canarias se pronunciaron en contra del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, así como también en contra de la expropiación de 42.050.000 metros cuadrados.
Todas estas actuaciones por parte del Gobierno de España se realizaron a sabiendas de que la población canaria las rechazaba con rotundidad, e incluso el Ministerio de Defensa argumentaba que se realizaba a propósito, y con el fin de preservar la instalación militar de cualquier actuación que pudiera afectarla. El propio Gobierno de Canarias ya consideró entonces que el Estado vulneró sus competencias en ordenación del territorio y el litoral.
Las instituciones públicas canarias, así como diversos colectivos sociales llevan muchos años solicitando el cierre definitivo del campo de maniobras militares de Pájara, zona ordenada en varias categorías de espacios naturales: Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), Parque Rural, Monumento Natural y Parque Natural. Asimismo, la costa cuenta también con la consideración de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Desde Ahora Canarias aseveran que “en dicha zona se han ido eliminando progresivamente las antiguas chozas de pescadores y mariantes con cientos años de historia; y en plena pandemia del covid19 se han venido realizando nuevas construcciones, entre ellas una obra de un edificio de varios pisos de altura en la zona del barranco de Terife, un auténtico mamotreto dentro de los límites del campo de tiro, obra de la que no consta licencia, ni algún tipo de comunicación o informe oficial en las instituciones majoreras, lo cual está generando un importante impacto visual y ambiental, en un espacio de alto valor natural”. Todos esto, continúan, “agravándose aún más con un mayor aumento de la actividad militar durante estas décadas, hasta el punto de acoger dicha zona no solo maniobras de tiro terrestre, sino también prácticas aéreas y hasta desembarcos navales en sus cercanías, hechos que han perjudicado en gran medida a la economía de Fuerteventura”.
Los soberanistas canarios reclaman el cierre definitivo del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara y la devolución de este espacio de gran valor natural a las instituciones públicas de Fuerteventura.