El movimiento social y político Alternativa Ciudadana 25 de mayo quiere denunciar las crecientes deficiencias que usuarios, familiares de pacientes y profesionales sanitarios vienen padeciendo a causa de los recortes que el Servicio Canario de Salud realiza en la isla de Lanzarote. Además, el movimiento asambleario critica que la gestión se haya enfocado hacia el beneficio de una sanidad privada a la que cada vez se derivan mayor cantidad de recursos, mientras la pública sufre de falta de personal y material sanitario indispensable, así como por el drama creciente que suponen las listas de espera hospitalarias.
A juicio de la formación asamblearia, este desmantelamiento tiene dos motivaciones principales. Por un lado, los recortes impuestos en todo el Estado por las políticas del Partido Popular, que han supuesto un enorme y doloroso retroceso para los servicios sanitarios y, por tanto, para la calidad de vida de las personas.
En el caso de Canarias, el Gobierno Autónomo, con Coalición Canaria y el PSOE al frente, han ido más allá en estas políticas impuestas desde Madrid, estando la canaria entre las sanidades públicas más deficientes del Estado. Hay que recordar, en este sentido, que el Gobierno de Canarias decidió en 1012 aumentar el impuesto indirecto canario (IGIC) supuestamente para que el impacto de los recortes del Gobierno de Rajoy fuese el menor posible. Sin embargo, a pesar de las promesas del Gobierno respecto a no recortar en políticas sociales, educativas y sanitarias, han sido estas las que han sufrido los mayores sablazos.
Por otro lado, Alternativa Ciudadana quiere llamar la atención sobre el beneficio que está suponiendo para ciertas clínicas privadas instaladas en Lanzarote y en toda Canarias las derivaciones de pacientes por parte del Servicio Canario Salud. A juicio de los asamblearios, se trata de una política premeditada, que consiste en desmantelar de recursos a la sanidad pública para concertar luego esos mismos servicios en clínicas privadas, existiendo vínculos entre las élites políticas y las empresariales que gestionan dichos negocios.
Se está poniendo en juego algo tan fundamental como es el derecho a la salud, con el único objetivo de beneficiar intereses particulares. Estas prácticas ruines, impropias de una democracia, en la que se debería priorizar el bienestar de las personas, deben ser duramente contestadas por todos los ciudadanos que las padecemos.