El último asesinato documentado tuvo lugar el 10 de diciembre de 2012 en la persona de Don Antonio Cubillo como consecuencia de las secuelas dejadas por el apuñalamiento que el Estado español organizó y ejecutó en la ciudad de Argel el 5 de Abril de 1978.

El vil asesinato del estudiante Javier Fernández Quesada el 12 de Diciembre de 1977, ametrallado por la Guardia Civil española en las escaleras de la universidad española en La Laguna, no ha sido todavía juzgado por ningún tribunal y continúa sin esclarecerse quiénes estaban en primera fila y quiénes en la retaguardia, lo que demuestra la indecencia con la que España trata a esta desdichada colonia.

El 22 de Septiembre de 1976 fue asesinado a manos seis agentes de la policía española Bartolomé García Lorenzo. Fueron procesados el 16 de octubre y separados de sus funciones. Al existir entonces el fuero policial, en virtud del cual los agentes no cumplían la prisión preventiva en cárceles, sino en dependencias policiales, los cuatro policías del Cuerpo Superior quedaron internados en la comisaría de Santa Cruz de Tenerife, y los dos de la Policía Armada, en su cuartel. Cuatro días más tarde fueron trasladados a Madrid, siendo recibidos en el aeropuerto por dos centenares de policías españoles que, en un acto insólito, aclamaron a los procesados. En los días posteriores al homicidio se sucedieron importantes manifestaciones en Santa Cruz de Tenerife en repulsa por el asesinato del compatriota Bartolomé García. En febrero de 1982, la Audiencia de Tenerife condenó a los agentes y el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia a finales de ese año, pero el 28 de enero de 1986 un auto de la Audiencia de Tenerife declaró extinguidas las responsabilidades. Los seis asesinos continuaron en activo, siendo promocionados en distintas ocasiones.

En Octubre de 1975 fue asesinado por la Guardia Civil otro compatriota, Don Antonio Padilla, en Adeje, isla de Chinet.

El aciago día 29 de Octubre de 1975, Don Antonio González Ramos fue detenido por la Brigada de Investigación Social, la policía política de Franco. Horas después Antonio González murió a consecuencia de los golpes que le propinó el inspector José Matute Fernández, dejando viuda a una mujer joven, convirtiendo en huérfanos a cuatro niños y llevando el dolor y la rabia al corazón de todos sus familiares y amigos, a todos los canarios. Cobardemente, los asesinos intentaron ocultar su crimen, aduciendo que Antonio había muerto cuando era trasladado a la comisaría, al tirarse del vehículo en marcha. Agobiado por las investigaciones judiciales Matute huyó a Venezuela, de donde regresó un año más tarde, cuando ya era vox populi que se iba a promulgar la ley de amnistía que incluiría a víctimas y verdugos de la dictadura de Franco. Aunque fue procesado, el juicio no llegó siquiera a celebrarse, pues en 1977 fue amnistiado y se reincorporó a sus tareas como policía. Para más escarnio, uno de sus últimos destinos en la Dirección General de Seguridad, en Madrid, fue en el departamento de elaboración y custodia de los datos de las personas detenidas. El letrado Fernando Sagaseta denunció en vano esta situación de favor a un convicto de torturas y asesinato, como ocurrió con el jefe provincial de Policía de Santa Cruz de Tenerife, condenado por un delito similar.

En Marzo de 1977 fue Asesinado el también compatriota Santiago Marrero Hernández, Abatido por las fuerzas de la marina española en el cuartel de la Isleta, Tamarán.

El 25 de julio de 1980 una niña con tan sólo 16 años, la compatriota Belén María Sánchez Ojeda, hija de un trabajador portuario, que se manifestaban en defensa de sus reivindicaciones, fueron acosados por la policía, siendo embestidos por un coche, arrastrando a Belén María unos sesenta metros. A pesar de los gritos y súplicas de los manifestantes, el coche no paró. Ingresada en la UCI de la Clínica Santa Catalina (Tamarán), falleció esa misma noche.

El 19 de octubre de 1959 fue ejecutado Juan García, conocido como “El Corredera”, en la cárcel de Barranco Seco (Tamarán), donde su nombre es una leyenda, al aplicarle el fascista régimen de Franco la pena de muerte.

El anterior jefe de estado, el dictador Franco, mediante lo que denominó el alzamiento nacional, que abarca el breve periodo de tiempo transcurrido entre 1936-1939, ganó una guerra en la que los sublevados sólo en Canarias asesinaron a 1200 canarios en los seis primeros meses de los más de 20.000 que pasaron por las cárceles, según describe el investigador Juan Medina Sanabria en su libro “Isleta/Puerto de la Luz: Campos de Concentración” (2002). Cuenta el investigador que las detenciones de canarios se multiplicaron tanto al inicio de la Guerra que los militares fascistas se vieron obligados a crear un segundo campo de concentración en La Isleta, al quedarse pequeña la recién estrenada cárcel de Barranco Seco. Allí, ultrajados en tiendas de campaña y sin duchas, ni baños y constantemente amenazados por una ametralladora sobrevivieron hasta febrero de 1937 un total de 1.145 detenidos. La mayoría de ellos salieron de allí para ser fusilados o desaparecidos en alguna sima.

Esto es sólo un pequeño botón de muestra, que abarca apenas setenta y seis (76) años de lo que ha supuesto el colonialismo español en Canarias, pero hay que tener en cuenta que el mismo se inició en el Rubicón, Titerroygacat (Lanzarote) en 1402, o sea hace seis cientos diez (610) años ¡Da vértigo sólo pensarlo!

Ante este panorama “Colisión” Canaria en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (que no de Anyashu n Chinet) propone, oportunistamente, dedicar una calle de la ciudad al prócer Sr. Antonio Cubillo, que dignificaría más a la ciudad que al homenajeado. Cuando tomaron posesión se retrataron con la bandera de Franco al cuello y siguen manteniendo el callejero, incluido monumento el denominado generalísimo, más reaccionario y colonialista de todo el Estado español, infringiendo la ley de memoria histórica, que en Canarias se extiende hasta por lo menos el año 1402, fecha del primer asentamiento del colonialismo en nuestra Nación, pues si tuvieran un mínimo de dignidad y decencia sería lo primero que cambiarían, lo que no justifica en ningún caso la cantidad de falsedades e infamias que algunos medios de difusión masiva, infringiendo las mínimas normas éticas y rigor informativo, en un insulto a la inteligencia de los lectores, que absolutamente nada tiene que ver con la libertad de expresión, reñida con la falsedad y la manipulación, actuando como auténticos sicarios de la información, pues hasta donde llegan nuestros conocimientos los tribunales españoles no le pudieron imputar ni al Sr. Cubillo ni a ningún miembro del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) ningún acto delictivo, muy al contrario, en el único caso que han juzgado dichos Tribunales condenaron al Estado español en un acto de terrorismo de Estado en la persona del Sr. Cubillo, en una sentencia de la Audiencia Nacional española que el propio Sr. Cubillo calificó de ejemplar