Los datos son contundentes: en Canarias se pagan mucho menos impuestos a Hacienda que en el resto de las comunidades autónomas. Un estudio realizado por la Plataforma 5% para Educación confirma esta realidad. Canarias es la que menos ingresos netos aporta a la Agencia Tributaria respecto al PIB de todas las comunidades autónomas de régimen común, 6,23%, bastante menos de la mitad de la media española (16,35%) en 2019. Y si nos vamos a los ingresos por habitante, somos los segundos que menos aportamos (1.349 euros por habitante y año), solo por detrás de Extremadura (1.301) y a gran distancia de la media estatal (3.331).

El artículo 31.1 de la Constitución Española establece que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». En coherencia con nuestra Constitución y con el criterio de justicia más básico, para medir el nivel de contribución fiscal de una persona o comunidad hay que hacerlo teniendo en cuenta su nivel de riqueza, es decir, en el caso de las personas con relación a su nivel de renta y en el caso de las Comunidades Autónomas en relación a su PIB.

La Plataforma 5% para Educación ante algunas noticias publicadas recientemente respecto a la recaudación de Hacienda en Canarias, ha comparado la evolución de ésta en las CCAA de régimen común y la ha contextualizado en relación al PIB y a la población llegando a conclusiones que desmiente algunos recientes titulares.

Los datos de la Agencia Tributaria no sólo evidencian que Canarias es la comunidad que menos contribuye en relación al PIB a la Hacienda del Estado, sino que en los años 2014 y 2018 el nivel de contribución fiscal era superior al de la actualidad. El alarmismo y bulos que difunden algunos medios y organismos interesados no se justifica.

Si hacemos los cálculos per cápita la variación es mínima. Somos la segunda comunidad que menos contribuye a la Hacienda del Estado por habitante pero, a su vez, se evidencia que el diferencial fiscal en términos de contribución per cápita entre Canarias y en conjunto de las CCAA ha venido ampliándose desde 2009 y es hoy (-3.025 €) mucho más amplio que el de 2009 (-2.211 €).

Si a todo ello añadimos que el Índice de Precios al Consumo ha crecido en Canarias un 11,8% y la contribución per cápita a la Hacienda del Estado creció apenas un 8,9% se puede apreciar que en términos reales (es decir descontando el crecimiento de precios) la contribución per cápita se ha reducido.

Como es tradicional, muchas voces defenderán y justificarán esa baja fiscalidad y compensaciones en los presupuestos generales del Estado por el sobrecoste que acarrea nuestra doble condición ultraperiférica e insular. Si dicho sobrecoste -que algunos estudios económicos cifran en torno al 15%-, lo diésemos por cierto, ¿por qué las inversiones y los presupuestos de nuestros servicios públicos (sanidad, educación o servicios sociales) no solo no contemplan ese 15% de incremento, sino que, en todos los casos, están muy por debajo de las medias de las Comunidades Autónomas del Estado?  

Por todo ello, para recuperar a nuestros servicios públicos de los duros recortes realizados en esta década y para cumplir con las obligaciones financieras recogidas en la Ley Canaria de Educación que, desde 2014, instaba al Gobierno de Canarias a incrementar progresivamente el presupuesto educativo hasta alcanzar como mínimo el 5% del PIB en 2022, es necesario defender una contribución fiscal adecuada al nivel de riqueza de nuestra comunidad, que se ha duplicado en dos décadas. El PIB regional ha pasado de 21.024 millones de euros en 1998 a 47.584 millones en la actualidad.

Hacemos un llamamiento al Gobierno de Canarias y a todas las fuerzas y entidades sociales que defienden una mejora digna de nuestros servicios públicos a defender un sistema tributario suficiente y justo en coherencia con nuestra Constitución y a desenmascarar las campañas de manipulación mediática que pretenden generar una alarma injustificada para forzar bajadas de la fiscalidad conforme a los intereses de grupos privilegiados.