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El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Las Palmas ha rechazado el recurso presentado por el ex-Fiscal de Arrecife, Miguel Pallarés, contra la orden de "derribo parcial de su vivienda" en la capitalina zona de La Bufona. Lo cual confirma el dictamen de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Los próximos días 23, 24, 28 y 29 de septiembre, el Juzgado nº 3 de Arrecife sentará en el banquillo al constructor Antonio Caro y al promotor Federico Echevarría; ambos acusados de los presuntos delitos de Desobediencia y contra la Ordenación del Territorio. Con este procedimiento judicial culminaría el eternizado Caso (casi 2 décadas) de las Viviendas de la Bufona. Irónicamente, uno de los chalets pertenece al ex-Fiscal de Arrecife, MIGUEL PALLARÉS.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado una nueva vuelta de tuerca en el Caso "La Bufona", al dictaminar que la alteración llevada a cabo por la Dirección General del Catastro en enero de 2008, "está incursa en la nulidad más absoluta, por vulnerar el procedimiento administrativo, y permitir la inscripción y otorgar una nueva referencia catastral a 18 viviendas, en una calle distinta a la que consta en las escrituras presentadas por los particulares", Es decir, que una buena parte de los chalets de la Presidenta Insular del PP, Astrid Pérez; y del ex-Fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés; se asentarían sobre los terrenos de la Familia Murillo, que lleva 13 años reclamando los mismos en la Justicia.

En su amplia denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el fundador del PIL (ahora en prisión), Dimas Martín, ha solicitado que se investigue la actuación del anterior Fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés Rodríguez, en relación con la escandalosa a la par que ruinosa adjudicación de la Planta Desaladora de Janubio. Dicha contratación le ha costado a INALSA 12 millones de euros, parte de la deuda que ha obligado a su Privatización actual.

El fundador del PIL (actualmente en prisión), Dimas Martín, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que INVESTIGUE qué relación tuvo "el supuesto comportamiento de Miguel Pallarés Rodríguez (en el llamado caso del Complejo)" con que la Alcaldesa de Arrecife en aquellas fechas (Isabel Déniz) "le haya concedido una licencia urbanística, PRESUNTAMENTE ILEGAL, en una parcela de la Urbanización La Bufona", tal y como recoge el Procedimiento Abreviado 5/2010. Pidiendo a su vez que indague por qué la "ampliación de la vivienda y construcción de la piscina" en la casa del anterior Fiscal de Lanzarote, fueron "realizados" por la subcontrata encargada "del mantenimiento y reparación de obras de INALSA".