El presidente del Cabildo expuso gran parte de la documentación del expediente que le llevó a adoptar la decisión de incautar la desaladora ante los innumerables requerimientos e instancias recibidas por el Diputado del Común que le advertían de llevar a fiscalía el asunto si no se actuaba; del Gobierno de Canarias que advertía también de la venta no autorizada de agua a terceros; de las quejas de los propios vecinos y los informes preceptivos del Consejo Insular de Aguas y la Secretaría General.
El Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado el Expediente 15001856, por el que se reclama a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y al Ayuntamiento de Tías, toda la información referente al conocido como "Caso Panificadora". Este trámite se suma al iniciado hace un mes por el Diputado del Común, tras las denuncias presentadas por la formación VECINOS UNIDOS.
