Una escalada provocadora de hechos consumados, está determinando que sea inminente la posibilidad de entrar en situación de riesgo crítico, con una pugna de poder entre el Gobierno del Estado y su representación constitucional en Cataluña. Ambas partes, Gobierno de la Nación y Generalitat , ya han fijado públicamente sus posiciones.

El Gobierno, fracasados los últimos intentos de llegar a una contención del soberanismo, sobre la base de activar algunos compromisos económicos, no ha tenido más remedio que anunciar que tiene preparado un plan de medidas coercitivas entre las que se incluye la aplicación del hasta ahora inédito artículo 155 de la Carta Magna que podría suponer la suspensión total o parcial de competencias de la autonomía catalana.

Desde la Moncloa, sin revelar detalles, se filtra que las acciones van en la línea de afirmar -ya era hora- la jerarquía del Estado soberano sobre el Ejecutivo autónómico en todas aquellas cuestiones instrumentales que torticeramente pueda utilizar la Generalitat en su “procés” de sedición.

Por primera vez desde el Gobierno se está hablando del “rescate administrativo” que pudiera aplicarse, con la aprobación asegurada del Senado, de aquellas competencias reconocidas en el Estatuto de Cataluña que de forma puntual reclama el Gobierno de la Nación, para obligar al cumplimiento de la ley e impedir que se atente gravemente al interés general de España.

En ese contexto podría entenderse una disposición por la cual el cuerpo de policía autónoma catalán, los 16000  mossos de escuadra, además de policía judicial, pasen a depender de Interior sin reticencias algunas para obedecer las instrucciones pertinentes ante la convocatoria del referéndum. Lo mismo podría aplicarse en materia de Educación si la Generalitat pretendiese utilizar los centros de enseñanza como colegios electorales.

Desmontar el continuado desafío soberanista va a exigir mucha prudencia y proporcionalidad, pero estos modos en ningún caso pueden servir de excusa para la debilidad y mirar a otro lado.Se acabó con el apaciguamiento que tan malos resultados ha dado en los años duros de la Transición.

Las medidas a adoptar por lo menos resultarán antipáticas para amplios  sectores que se remiten al diálogo entreguista. También pueden reflejar hasta que punto de degradación ha llegado la soberanía nacional que tiene dudas sobre su poder y de la necesidad de aplicar la ley para salvaguardar la dignidad de una democracia respaldada mayoritariamente.

El Gobierno debe anotar en su estrategia que a nivel de opinión pública existe un hartazgo generalizado sobre el contencioso soberanista y de sus principales protagonistas. El ciudadano de a pié,espera a ver que pasa con los desplantes a las leyes por parte de Mas, Forcadell,Homs y otros. Ese mismo ciudadano,confía en que además de la inhabilitación les rasquen los bolsillos. Sería una vergüenza que Montoro siguiese mandándoles sus emolumentos.

Difícil, muy difícil está el momento. Lo que empezó como un esperpento ha devenido en cuasi confrontación. Por ahora emocional pero hasta la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, dice que “no habrá una transición pacífica”. 

El Gobierno tiene escasos apoyos, PP, C's y los constitucionalistas que aún queden en el PSOE, de ahí que tiene que redoblar sus esfuerzos de pedagogía con la opinión pública y muy especialmente con los millones de catalanes que rechazan las aventuras y desean que vivamos todos juntos en este viejo y maltratado solar histórico.

 

(*) Periodista, Historiador. Profesor Universitario.