La Sala III del Tribunal Supremo español ha mandado al cubo de la basura toda la supuesta “legalidad y legitimidad democrática” de la que tanto cacarean los políticos hispanos amparados tras la supuestamente “modélica Transición” española.
Ayer lunes ha quedado muy claro que el franquismo sigue tan vivo como cuando, hace 85 años, una caterva de generales encabezados por Sanjurjo, Franco y Mola junto a otros carniceros como Queipo, Yagüe, Saliquet, Varela, Moscardó, Martínez Anido, Kindelan, Millán Astray…se sublevaron, al frente de las tropas a su mando, contra el legítimo gobierno de la República Española provocando una guerra incivil, bautizada y bendecida por la Iglesia española como “Cruzada”, que dejó tras de sí, además de cifras cercanas al millón de muertos, una secuela de 40 años de dictadura, prolongada luego en una monarquía impuesta por el fenecido “Caudillo” que dura hasta la fecha.
En la polémica del futuro destino de la momia del “Caudillo” ha terciado el Tribunal Supremo, declarando textualmente sobre Franco que “El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar”. No puede interpretarse como supina ignorancia histórica esta declaración aunque, desde luego, trae el tufo de la educación fascista nacional-católica, imperante y única en los tiempos estudiantiles de los magistrados de ese tribunal que, hoy, hubieran suspendido las pruebas de la EvAU. Nada de eso. Se trata de la deslegitimación total del gobierno republicano español, elegido democráticamente en función de la legalidad vigente entonces y, por contra, dar legitimidad al golpe de estado fascista de julio de 1936, el “Glorioso Alzamiento Nacional” que decía la propaganda del régimen.
La II República Española, a la caída de la monarquía fue presidida por Niceto Alcalá Zamora, un conservador procedente del Partido Liberal del conde de Romanones, primero como Presidente del Gobierno Provisional y luego, tras la aprobación de la Constitución de julio de 1931, como Presidente efectivo hasta el 7 de abril de 1936, salvo un intermedio de octubre a diciembre del 31 en que dimitió por la cuestión anticlerical que introdujo Manuel Azaña de Izquierda Republicana. En abril de 1936, con la sublevación militar, nueva dimisión de Alcalá Zamora. Tras un interinazgo de un mes de Martínez Barrios, la Presidencia legítima de la República Española y sus colonias recayó en Manuel Azaña, que la ostentó hasta que la Diputación Permanente de las Cortes españolas reunida en París, aceptó su dimisión el 3 de marzo de 1939.
Los militares, miembros entonces de una casta privilegiada y bastante cerrada, que no aceptaba la sujeción al poder civil legalmente establecido, estuvieron mayoritariamente en contra de los gobiernos republicanos, postura que se acentuó ante el proyecto de la Reforma Militar que propugnaba Azaña, reforma que finalmente se aprobaría en septiembre y que, entre otras cosas, obligaba a los candidatos a oficiales a seguir varios cursillos en Universidades además de los propios de la Academia Militar correspondiente. Entre eso, la conocida postura anticlerical de Izquierda Republicana de Azaña y la discusión en Cortes de un proyecto de Estatuto para Catalunya –Francesc Macià había proclamado la República Catalana el mismo 14 de abril y accedió, tres días después, a anular esa proclamación y discutir un proyecto de Generalitat dentro de la República Española- los militares, encabezados por el general Sanjurjo, nombrado por Alfonso XIII como Marqués del Rif por su campaña norteafricana, iniciaron en agosto de 1932 una fracasada rebelión, la “Sanjurjada”, en la que Franco estuvo implicado pero se retiró a última hora. La proclama de Sanjurjo en Sevilla al declarar el estado de guerra y asumir el mando de todos los poderes es digna de reproducirse:
“Así como Dios me permitió llevar el Ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando así el derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será permitido con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y la paz a todos los Espíritus. ¡Viva la España Única e Inmortal!
Los intentos golpistas siguieron fraguándose y cuajando. Sanjurjo, amnistiado y exiliado en Estoril, era el destinado a encabezar la nueva sublevación de julio pero, un “oportuno” accidente de aviación el 20 de julio de 1936, cuando regresaba a España para asumir el mando del ejército rebelde hizo que, más tarde, fuera Franco el que encabezara esa rebelión fascista. En Burgos, constituida en principio de facto en la capital de los rebeldes, el 24 de julio se constituye la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, un republicano y masón, antiguo combatiente de las guerras de Cuba y el Rif. La Junta estaba formada por los generales Andrés Saliquet, Miguel Ponte, Manso de Zúñiga, Mola, Fidel Dávila y los coroneles del Estado Mayor central Montaner Canet y Fernando Moreno. A los citados luego se incorporarían Franco, Queipo de Llano, Kindelan, Gil Yuste y Luis Orgaz Yoldi.
La Junta de Defensa ilegalizó en el territorio ocupado militarmente a todos los partidos políticos que formaron el Frente Popular, gestionó con la Alemania de Hitler el apoyo aéreo a la sublevación con el envío de la Legión Cóndor y, por último, nombró a Franco como “Caudillo” -copiando los modelos totalitarios de Führer y Duce- en sesión secreta del 21 de septiembre de 1936 para que ocupara el mando supremo de los distintos ejércitos sublevados y el 28 de septiembre acuerda nombrarlo como “Jefe del Estado mientras dure la guerra” , dado que contaba con el apoyo nazi a través del jefe de sus servicios secretos, el almirante Canaris, y de los italianos con el apoyo directo del mismo Duce. Todos los generales presentes votaron a favor de Franco, salvo Cabanellas que se abstuvo y que, premonitoriamente, recordó porque conocía bien a Franco al que tuvo en África bajo su mando que “…si van a darle en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra ni después de ella, hasta su muerte”
Franco tomo posesión como tal Jefe del Estado instalado en el territorio ocupado por los sublevados pero, en el decreto de la Junta de Defensa, gracias a la intervención de su hermano Nicolás como factótum político, del catedrático jurista José Yanguas y del teniente coronel Lorenzo Martínez Fusset –de nefasta memoria en Canarias casi tanto como la del general Dolla- como Secretario Político y asesor jurídico, se eliminó ese párrafo de “mientras dure la guerra” y se añadió, en cambio, ”quién asumirá todos los poderes del Estado” dando así un verdadero golpe de estado dentro del propio bando rebelde. Al parecer, Mola confiaba cambiar esa situación política al fin de la guerra, pero un oportuno “accidente “ de aviación acabó con Mola como había sucedido con Sanjurjo, allanando el camino a los cuarenta años de dictadura, validando el pronóstico de Cabanellas y dando origen como sucesora a la actual monarquía.
Al tiempo que sucedía todo esto y la guerra continuaba, se mantenía el gobierno legítimo de la Republica y su Jefe de Estado legal seguía siendo el Presidente Manuel Azaña, al contrario de lo que afirman estos venales juristas del Tribunal Supremo.
Me avergüenza y me indigna que algunos inverecundos e ignominiosos juristas de esa Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se permitan mantener en estas fechas aquel “Primero de Octubre” que “españoles y canarios” –parafraseando a Bolívar- nos vimos obligados a celebrar durante largos años como “Día del Caudillo” declarado como Fiesta Nacional española.
No creo que sea, como apunta gran parte de los serviles mass-media españoles, un “desconocimiento histórico” de los fulleros redactores de la sentencia que paralizaba la salida de su vergonzante mausoleo de la momia del dictador. Más bien parece elegida la fecha -1 O- como mensaje a la otra Sala del mismo Tribunal que se encarga de juzgar el “Procés Catalá” en otro 1º de octubre. La pregunta, ante la indigna degradación que este hecho supone para el TS español es: ¿serán capaces de considerar REBELIÓN y GOLPE DE ESTADO los hechos sucedidos en Catalunya, con más de dos millones y un cuarto de catalanes acudiendo a unas urnas a votar democráticamente, y en cambio, considerar justa y lícita la SUBLEVACIÓN franquista y el terrible baño de sangre y sufrimientos que trajo consigo? ¿Pueden tener la fuerza moral para condenar a los independentistas catalanes?
Vista la catadura moral –y un refrán español reza que “por la catadura se conoce a la criatura”- y la trayectoria ética e intelectual, profundamente homófoba de alguno de los magistrados implicados que opina que el matrimonio homosexual es equiparable a la unión carnal de un hombre con un animal, no me extrañaría que el próximo paso sea resucitar la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, la misa obligatoria en formación los domingos y los campos de concentración para “reforma de homosexuales” como el que en Canarias tuvimos en Tefía.
El Derecho Romano distinguía entre la “Auctoritas” que tienen las personas con capacidad moral para tomar decisiones y emitir juicios, y la“Potestas” que posee una autoridad o gobierno porque dispone de la fuerza material para imponer sus decisiones. Creo que el TS español es la autoridad coercitiva que tiene la Potestas, esa capacidad de imponer su criterio pero, cuestiones como esta de ayer, anula cualquier atisbo de Auctoritas que pueda atribuirse.
Francisco Javier González
Gomera a 5 de junio de 2019