Con ese rango, la Dirección General de la Policía (promotora del CATE) ya no necesita la licencia de obra que le corresponde conceder al Ayuntamiento de Arrecife: legalmente le basta con comunicar al Consistorio que se trata de un proyecto de interés general.

Desde su instalación en octubre del pasado año, el ayuntamiento de Arrecife ha mostrado su rechazo por la ubicación, denunciando que "se encuentra en un lugar que no reúne las condiciones sanitarias debidas, sobre todo en época de lluvia". Con el añadido de que "el poder ejecutivo central ni siquiera ha pedido licencia". Advirtiendo, hasta ahora, que "si no lo procesan antes de que caduque el expediente, tendremos que quitar el CATE. El Ayuntamiento no demora ni estorba, sólo exigimos los mismos requisitos que cualquier otra administración o empresa".

Postura contraria a la de la Delegación del Gobierno de Canarias, que alegaba que "el campamento contó desde un principio con todos los permisos de la Autoridad portuaria, propietaria del terreno en el que se construyó".

Ahora con la decisión del Consejo de Ministros parece zanjada (oficialmente) la polémica por un "campamento" que ha costado 2,2 millones de euros procedentes de la Unión Europea "para incrementar la atención de la policía a los supervivientes de la ruta canaria". 

El CATE está diseñado para 200 personas y es móvil. Con lo cual se puede montar y desmontar rápidamente para utilizarlo en otro lugar", según  el Ministerio del Interior.