Tal y como adelantó ‘Radio Altahay’ el pasado mes de diciembre, los inquilinos de las viejas viviendas que el Instituto Social de la Marina construyó hace más de seis décadas en el barrio arrecifeño de Valterra, han decidido pasar a la acción. Cansados de tantas promesas por parte de las instituciones presuntamente competentes, y de que les sigan “tomando el pelo”, han optado por iniciar la lucha por sus derechos.
Tal y como ha explicado en reiteradas ocasiones el responsable de la “Mesa Negociadora por las Viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda”, Antonio Betancort, “las 200 viviendas fueron construidas por el Instituto Social de la Marina en un suelo cedido por el ayuntamiento de Arrecife en la década de los 50… Y fue por los años 60 cuando se firmaron los contratos entre las fábricas conserveras y sus trabajadores para poder habitar en ellas”. Añadiendo que “a muchos de los trabajadores les descontaban la mensualidad correspondiente de sus nóminas, y otros la pagaban de otra manera. Lo cierto es que en 1989 todas las casas ya estaban amortizadas”.
- "Muchos han muerto sin tener la propiedad de sus casas"
En la actualidad, añade Betancort, “la mitad de las casas ya han pasado a nombre de los inquilinos originales, pero el resto llevamos décadas esperando a que nos las entreguen oficialmente. Porque no podemos hacer nada con ellas. Ni venderlas, ni alquilarlas, ni reformarlas… Y lo que es peor, muchos de los primeros ocupantes ya han muerto, sin haber obtenido la propiedad de sus casas, pese a haberlas pagado íntegramente desde hace 3 décadas”.
La realidad es que en la actualidad, 102 de esas viviendas no han sido entregadas a sus verdaderos propietarios: 40 que eran de Garavilla, 10 de Ojeda, 20 de Rocar y 32 de particulares. Motivo por el cual, la Delegación del Gobierno anunció en mayo de 2019 que “el Estado donaría al ayuntamiento de Arrecife las viviendas para que el consistorio procediera a su adjudicación a los vecinos”.
En ese momento, la entonces alcaldesa, Eva de Anta, y el Director Provincial del Instituto Social de la Marina, José Julián Suárez, firmaron un acuerdo que permitiera la regularización de la propiedad de las viviendas. Pero ahí se acabó el fuelle.
Después de eso, y una vez pasadas las elecciones, los vecinos se reunieron con la actual alcaldesa, Ástrid Pérez. Pero según denuncia Antonio Betancort, “nos dijo que ella no se iba a comprometer con un problema que no era del ayuntamiento. Que no podía entregarlas. Que era competencia del Instituto Social de la Marina”. En cuanto al ISM, Betancort asegura que “no ha dado señales de vida desde entonces”.
Por todo ello, han decidido colocar varias pancartas en las viviendas para “recordarles” a las instituciones el problema...
