Así se desprende de un nuevo auto emitido hoy lunes a raíz de la presentación por parte del Gobierno de Canarias de un escrito solicitando una aclaración de sentencia en relación a las medidas propuestas por el Ejecutivo tras finalizar el estado de alarma para frenar la pandemia y que, en parte, han sido rechazadas por el TSJC.
La Sala entiende que no hay lugar a la aclaración del auto, aunque en su fundamentación explica el por qué de su proceder: "Una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a que la ley la ha sometido", establece.
Lo que explica el pleno del Tribunal es que el procedimiento que se está dilucidando no es el habitual en el que hay una controversia entre las partes. Aquí se trata, subraya, de "una petición sin discordia", derivada de la aplicación del "novedoso" artículo 10.8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la jurisdicción Contencioso Administrativa, que "ha venido a introducir la necesidad de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente".