Excma. Vice-consejería de Comunicación y Relaciones con los Medios

Tengo a bien dirigirme a usted, como máximo responsable de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios que tiene a bien presidir, para proponer se contemple estas propuestas para que se estudie, en la correspondiente Comisión de Gobierno y se eleve al pleno de nuestra primera Institución Autonomica, la cual ha sido previamente formalizada por escrito y presentada en el Registro General de entidad.

Deseamos que estas propuestas sean previamente dictaminadas, informadas y sometidas a consulta en la comisión que corresponda para que se pueda incluir en el orden del día y se pueda debatir en el Pleno y si estiman pertinente por parte de los miembros de la corporación se apruebe esta propuesta la cual consideramos necesaria para una mejor calidad de vida y para proteger los derechos comerciales, evitar la economía sumergida y acabar con la vulneración de lo reglamentado (Radios Ilegales). Por ello hemos realizado un estudio detallado de este sector radiofónico, es por lo que solicitamos se ponga a disposición de todos los miembros componente de la corporación estas propuestas para que la estudien y la puedan debatir con conocimiento de causa.

Una sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es recurrible ante el Supremo, ordena suprimir los criterios introducidos por la mesa de contratación en interpretación de las bases del concurso de adjudicación de licencias de radio de 2010 en Canarias.

La Sala de lo Contencioso además rechazo la anulación del concurso y admitió que se volviera a evaluar con criterios y sub-criterios que se adaptaran a la ley, es decir el “TSJC” solamente anulo las tablas de valoración y retrotrae las actuaciones al momento de la baremación, por lo tanto el “TSJC” no anulo, ni ordeno repetir íntegramente el concurso de adjudicación de licencias de radio de 2010, tal y como muchos medios informativo están intentando vender falsamente.

Parece ser que según los criterios personales de los miembros del “Tribunal Superior de Justicia de Canarias” consideran probado que hubo criterios y subcriterios que fueron improcedentes jurídicamente, eso parece ser según la opinión particular de los trabajadores “TSJC” que generó una clara situación de indefensión.

Según el “TSJC”, en el concurso se concedió la máxima puntuación a solicitantes que ofrecían cumplir con los requerimientos técnicos en plazos inferiores a una semana, algo que según la opinión muy particular de ciertos peritos es imposible, lo que perjudicó a emisoras que ya estaban en funcionamiento.

Estas ofertas son temerarias, de acuerdo con la sentencia, y no se corresponden con un planteamiento objetivo aceptable.

Puntualización:

Nosotros como colectivo social que somos nos preguntamos como un perito y los miembros del Tribunal pueden indicar que una emisora no se puede poner en funcionamiento en menos de una semana, nosotros le podríamos indicar que teniendo las instalaciones, el personal y el material seriamos capaces de montar una y treinta emisoras en menos de 72 horas.

Si el poco tiempo según los Tribunales genera una clara situación de indefensión, nos preguntamos ¿que genera que se presenten al concurso unas emisoras que ya estaban emitiendo irregularmente?, esto para nosotros sí que es un hecho más que grave que debería conllevar la expulsión y no participación de esas emisoras que ya estaban emitiendo ilegalmente.

La sentencia admite recurso ante el Tribunal Supremo, a lo que teóricamente puede que este obligados los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma en defensa de su actuación, de sus propios actos administrativos y del aval prestado a las resoluciones de la mesa de contratación del concurso de radios.

De no recurrirse la sentencia, el Gobierno tiene que montar una nueva mesa de contratación que evalúe las ofertas presentadas al concurso.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias están estudiando tanto el contenido como las posibles consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena retrotrae las actuaciones al momento de la baremación concurso de adjudicación de emisoras de radio realizado por el ejecutivo en 2010.Esa mesa podrá volver a generar criterios o subcriterios en relación a las bases, que tampoco han sido anuladas, pero como advierte el tribunal en su sentencia, deberán ceñirse a la legalidad.

Decir desde nuestro punto de vista, que de momento esta sentencia y hasta que el gobierno de Canarias no actué, no implica que hayan quedado invalidados la concesión y el reparto de frecuencias que en su momento e realizo.

Tan poco se puede considerar extraordinaria esta noticia para las emisoras de radio multadas por el Gobierno de Canarias por estar emitiendo ilegalmente, ni tan poco se debe paralizar la multa contra esta emisora de radio, porque la desobediencia y la ilegalidad se sobre entiende que la cometieron ya que estas no tenían que estar emitiendo en ningún momento sin la correspondiente autorización oficial.

Este ha sido hasta ahora el único fallo judicial favorable a las empresas de radiodifusión que recurrieron a la justicia tras la adjudicación de esas 156 frecuencias.

Por lo tanto echa esta exposición de criterio solo esperamos que los responsables de los organismos oficiales actúen como es su obligación y de Ley y cierren de forma inmediata todas las radios piratas.

Así mismo solicitamos:

1º Que se retrotraiga urgentemente el concurso radiofónico al momento de la valorización, para que se vuelva a realizar una nueva puntuación.