Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa instruida por la denuncia presentada por Dolores Corujo, como presidenta del Consorcio Insular de aguas e INALSA, por supuesto enriquecimiento, a través de las costas procesales cobradas por el letrado Ignacio Calayatud; por supuesto trasvase de fondos hacia mi patrimonio particular desde las cuentas o el entorno familiar del letrado Ignacio Calatayud; y en particular por la supuesta dádiva de haberme pagado o “facilitado la posesión de mi vivienda”; tras la espectacular operación policial que dio la vuelta a Canarias, digna de un alto capo de la “mafia y el crimen organizado”, ordenada por el juez Jerónimo Alonso; que ha supuesto que Dolores Corujo y su lugarteniente Carlos Espino hayan logrado su doble objetivo.

En primer lugar, mediante el escarnio público ante semejante y descomunal despliegue policial solicitado por parte de su señoría –tanto de refuerzos humanos para la macrocausa, como al parecer de escolta para su protección personal por “amenazas de mi entorno”–, generando lógicas dudas entre la ciudadanía, mi propia formación política y mi entorno social, e incluso familiar.

En segundo lugar, impidiéndome en la práctica el ejercicio de un derecho fundamental como es el de cargo público que ostento democráticamente, privándome desde hace ya más de cinco meses de la totalidad de las herramientas de trabajo a que tengo derecho, como teléfono, iPad, bloqueo de mi correo electrónico y redes sociales, etc., amén del estrangulamiento económico total y absoluto, dejándome sin recursos ni siquiera para mi mera subsistencia y manutención básica, y todo ello sin prueba alguna de mis supuestos delitos.

Tras confirmar, por una parte, que la instrucción de esta causa por parte del juez Jerónimo Alonso no obedece, como se creía, a la denuncia de PODEMOS en julio de 2021 ante Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dado que el fiscal jefe de la misma, a quien la delegación de Las Palmas de dicha Fiscalía Especial había sometido la denuncia a consideración, resolvió que los hechos no resultaban de su competencia “por no revestir la especial trascendencia que determina su asunción por la Fiscalía Especial”, resolución de la que se dio traslado a los denunciantes, archivando la denuncia el día 7 de julio de 2021. (documentos adjuntos números 1 y 2).

Por otra, que días después Dolores Corujo, con toda seguridad conocedora de lo anterior, interpuso similar denuncia el día 3 de agosto como presidenta del Consorcio Insular de Aguas e INALSA, que casualmente volvió a recaer en el Juzgado número 2 de Arrecife del que es titular el magistrado Jerónimo Alonso, la enésima que me recae en el mismo juzgado.

Y, por último, tras comprobar que PODEMOS insistió el 11 de agosto en la denuncia, pero esta vez ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, de tal forma que Jerónimo Alonso acumuló para sí la causa dejando así de ser investigada por la Fiscalía. (documento adjunto número 3).

No tengo ninguna duda de que se pretende llevar a cabo un juicio mediático paralelo impulsado por Dolores Corujo, a través de sus voceros, como ya hicieron con la incautación de Montaña Roja de la que, por cierto, resulté absuelto tras ser sentado en el banquillo por el mismo juez que instruye esta causa porque entonces apreció, como ahora, la comisión de graves delitos por mi parte que me llevaron a la “pena de banquillo”, a pesar de que la Fiscalía no encontrase nada punible pidiendo la libre absolución, antes y después de juicio, y de que a la postre no hubiera ni acusación legitimada.

Debo recordar que ya comparecí ante los medios de comunicación y la opinión pública antes de que transcurrieran veinticuatro horas desde que la UCO entrara en mi casa, y sin conocer nada del sumario aseguré que “no existía ningún vínculo entre mi patrimonio y los fondos de Calayatud, que todos los pagos de mi casa fueron legítimos y de fondos propios, y que no encontrarían nada de lo que buscaban porque no existía”.

En efecto, los informes de la UCO reportados al juzgado antes de entrar en mi domicilio, tras meses de minuciosa y extensa investigación en secreto, ya venían a corroborar cuanto dije entonces, a pesar de lo cual fue solicitada y ordenada/autorizada por parte del juez la entrada en mi domicilio el pasado día 28 de marzo, para buscar aún no sé el qué. Concretamente y textualmente los informes, desde un mes antes, decían lo siguiente:

• “El mero hecho de que el investigado D. Pedro San Ginés, disfrute de dicha vivienda como domicilio habitual, no acredita que el mismo lo haga como contraprestación a los ingresos obtenidos, supuestamente de manera ilícita por parte del letrado, Ignacio Calatayud”. (Documento adjunto número 4).
• “Si bien se ha podido acreditar que las costas judiciales fueron abonadas en cuentas vinculadas al letrado y su esposa, a día de la fecha, no se ha podido descubrir la existencia del pago de contraprestación alguna a favor del cargo público”. (Documento adjunto número 5).
• Sobre la ausencia de registro de mi vivienda en el Registro de la Propiedad, dicen que “dicha falta de normalidad no incurre en ilegalidad”. Como ya dije en rueda de prensa “el registro es algo voluntario y por tanto es completamente legal no hacerlo, o hacerlo cuando lo estime oportuno”. (Documento adjunto número 5).

Pero lo más importante son las conclusiones que, tras muchas elucubraciones, aparecen reflejadas en el informe de la UCO adjunto, como he dicho, fechado el 28 de febrero, justo un mes antes de la entrada en mi domicilio el día 28 de marzo del corriente, y que dice así: (Documento adjunto número 6).

• “En relación a D. Pedro San Ginés Gutiérrez, tras el estudio de todos sus productos bancarios, no se puede concretar que el mismo haya recibido mediante dicha vía, contraprestación alguna procedente del núcleo familiar vinculado a Ignacio Calatayud y su mujer”.
• “Igualmente, tras el análisis de la información obtenida sobre el resto de investigados vinculados a la mercantil Adelfas, 24, SL (propietaria de la vivienda adquirida), no se obtienen indicios que demuestren que Pedro San Ginés haya recibido, por parte de estos, contraprestación alguna”.

En conclusión, lejos de nadie regalarme nada, como ya dije, todos los pagos que he abonado por esa vivienda son lícitos y procedentes de recursos propios o formalmente adeudados, habiendo pactado en 2011 un precio de la misma incluso muy por encima de su valor catastral y de mercado de entonces.