D. JUAN JOSÉ CARDONA GONZALEZ

                   Excmo. Sr. Alcalde Presidente del 

                   Ayuntamiento de

            LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

 

Excmo. Sr.:

 

"En relación la noticia aparecida en el periódico digital Canariasahora.es. (*), de fecha 30 de Marzo de 2013, firmado por la periodista Dª Carmen Mesa, cuya copia se adjunta a la presente, relativa a la afirmación de las negociaciones que se vienen llevando a cabo por parte del Gobierno de Canarias con el Gobierno Central, en relación a que la Comunidad Autónoma de Canarias no pagará al Estado por quedarse con la comisaría de Venegas, C/. Agustín Millares Carlo, colindante con los edificios múltiples 1 y 2, de Las Palmas de Gran Canaria, en base a una serie de compensaciones que engloban a otro de los complejos que forman parte de las negociaciones, el de la Guardia Civil,  ubicado en la calle Alicante Nº 22, de la Vega de San José,  cuyo suelo pertenece a la Comunidad Autónoma de Canarias y como es de conocimiento público al haber sido denunciado hasta la saciedad por este colectivo, dicha edificación a que hace referencia la noticia antes referida, se trataría del cuartel militar FRONTEX, denominado también “Centro de Coordinación Regional en materia de Lucha contra la Inmigración Ilegal en Las Palmas”, que contraviniendo el propio acuerdo del Parlamento de Canarias del año 2004, relativo a la reubicación de las instalaciones militares fuera del casco urbano, se ejecutó una obra militar al amparo del llamado Plan E, sin título legal para ello, infringiendo la normativa legal vigente en la materia y del propio Plan General de Urbanismo de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que entrañaría la malversación de los fondos públicos, prevaricación etc.,  en lo que viene a ser la mayor de las infracciones urbanísticas y engaño de todos los tiempos en Canarias, imposición a base de una política de hechos consumados conculcando multitud de Leyes y Reglamentos del estado de Derecho, propio de los regímenes totalitarios bananeros.

Hoy la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en el colmo de los colmos, en lo que viene a ser un trueque vergonzoso por su propia ineptitud, por cuento fue advertida de la responsabilidad en que incurría al hacer caso omiso de las advertencias sobre la titularidad del suelo en el que se prendía ejecutar el cuartel militar, y que siguiendo el alineamiento político de todas las instituciones responsables en la materia en ese momento, prefirieron hacer oídos sordos y continuar con el engaño y las vulneraciones sistemáticas del estado de derecho.

Hasta tal punto se apaña el engaño, que se llega a emitir recibo de bienes inmuebles por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de una finca no inscrita en el Registro de la Propiedad,  de titularidad  y patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la cual no se han cedido los espacios públicos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es liquidado ante la entidad bancaria colaboradora, por el importe 269,34, euros,  correspondiente al año 2008, (fotocopia adjunta), y que sorprendentemente el “documento público” aparece a nombre de “La Comandancia de la Guardia Civil”, documento entre otros, que sirvió de base para continuar con el apaño y perpetrar el robo de un espacio público ciudadano, consumando sigilosamente la vulneración del estado de derecho. por la propias Instituciones del Estado, (ver carta del Ministerio del Interior de fecha 1 de Junio de 2009, adjunta a la presente) y así, una detrás de la otra, llegando hasta el propio Parlamento de la Nación, en lo que es el colmo de los colmos, y en donde nuevamente se llega a mentir y falsear el estado de derecho, afirmando entre otras, que dicho solar pertenece al Ministerio del Interior, (y aquí con motivo,  cabría la expresión del ministro de ¡manda huevos!), quedando constancia del esperpento en los Boletines de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados  Nº 284, de 4 de Noviembre de 2009, y Núm. 344, de 27 de Febrero de 2010, cuyas copias se adjuntan a la presente.   

Estos hechos ya fueron más que denunciados ante ese Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo constar los mismos,  en el Servicio de Disciplina Urbanística, con independencia de las acciones legales adoptadas por este colectivo ante los Tribunales de Justicia de esta Ciudad, y los que se adoptaran en el futuro inmediato de persistir el encubrimiento de los ilícitos penales referidos, por lo que se solicita de ese Ayuntamiento se adopten cuantas medias legales y que en derecho correspondan para restituir y exigir el cumplimiento de la legalidad vigente, denegando la licencia de primera ocupación, toda vez que del reconocimiento final se deducen múltiples infracciones de Ley, y se proceda asimismo a la incoación de correspondiente procedimiento sancionador,  revocando de oficio la licencia otorgada por la anterior Corporación Municipal, por ser contraria a Derecho, ordenando en su caso la reposición del solar edificado a las condiciones primitivas en que se encontraba, es decir, jardines, viales y aparcamientos asfaltados y marcados.

Asimismo, solicitamos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se persone en como parte interesada en el proceso de negociación a que hace referencia el artículo periodístico y se hagan valer los derechos de los vecinos en cuanto a la edificación objeto de negociación, toda vez el coste que puede suponer para las arcas municipales,  futuras sentencias indemnizatorias o de reposición,  proponiendo en su caso que la edificación en cuestión, se incorpore a los servicios sociales del barrio de la Vega de San José, como Centro Cívico, habida cuenta de los 17 mil habitantes que cuenta este barrio, con multitud de carencias sociales, negociando en el referido proceso otros enclaves, Isleta, Tívoli, Hospital militar, Lazareto-Gando, etc., para la ubicación de unos Cuarteles de la Guardia Civil, acordes a las necesidades presentes y de futuro, que nunca debieron ser ubicados en zona urbana como desde hace tiempo recomiendan todos los Parlamentos representativos, cuarteles, que  han quedado obsoletos  ante la imposibilidad de crecimiento y expansión de los mismos,  dado la inexistencia de terrenos en el área,  también por estar ubicados en una franja especialmente protegida como es el frente marítimo de entrada y salida de la Ciudad, cada día con mayor impacto visual, al hallarse en primera línea, el parque móvil, antenas parabólicas y de telecomunicaciones radiactivas, etc.,   estar ocupando la superficie original de los accesos de antigua entrada y salida a la Vega de San José, anexionados ilegítimamente por dicho cuarteles, que han militarizado con sus perímetros de seguridad y otros inconvenientes la calle Alicante,  restringiendo la vida cotidiana de los vecinos,  espacios hoy en día imprescindibles para descongestionar la rémora que supone un crecimiento desorbitado y brutal de la zona, con el agravante de la  inminente puesta en funcionamiento de la Macropalacio de Justicia, que no tuvo la previsión de dotar de espacios ajardinados, servicios, aparcamientos,  accesos de entrada y salida, y otros elementos urbanístico indispensables exigibles a otras grandes superficies edificadas, masificando aún más el poco espacio existente".