El juzgado de instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por un presunto (siempre presunto) delito de "incitación al odio y discriminación, además de por la difusión de noticias falsas" que, según un informe de la Fiscalía General del Estado, pueden llegar a tipificarse como delitos de odio, de descubrimiento y revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos e injurias y calumnias. Así se dio a conocer ayer a los denunciantes, la abogada Cristina Armas y  otros ciudadanos más que se han sumado a la iniciativa.

La denuncia contra el presidente del Gobierno canario es una respuesta a varias declaraciones públicas sobre su intención de discriminar a los no vacunados vetándoles la entrada en espacios interiores y definiéndolos como “un potencial peligro para el resto de las personas porque la contagiosidad está ahí, precisamente en las personas no vacunadas”. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado rotundamente respecto a la voluntariedad de la vacunación en España, recordando que ésta no es una medida de carácter preventivo expresamente reconocida prevista en la Ley 3/1986 y que “supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano”. En cuanto a la afirmación de la potencial peligrosidad de los no vacunados carece de cualquier fundamento médico, hay numerosos criterios científicos en contra, las propias farmacéuticas que han desarrollado las terapias afirman que no inmunizan ni recortan la posibilidad de contagio a terceros, sino que atenúan la gravedad de los síntomas al ser, la persona vacunada, contagiada con la enfermedad. En la denuncia se recuerda, además, que el propio CDC de EEUU ha modificado sus recomendaciones admitiendo que “la carga viral de los vacunados inmunizados es igual a las personas que aún no han accedido a las vacunas”, de ahí que sugieran a la población vacunada que utilice la mascarilla tanto en interiores como en espacios públicos.

Las declaraciones del presidente del Gobierno canario son, según los denunciantes, "especialmente graves en sí mismas y en cuanto están pronunciadas por quién debería ser garante de la convivencia pacífica, de la paz social y no un elemento que crispe el difícil equilibrio de la armonía entre los ciudadanos, sobre todo si lo hace con argumentos imprecisos y generadores de innecesaria incertidumbre".
 

“La admisión a trámite de la denuncia es un gran avance hacia el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, expresa Cristina Armas.  “Las declaraciones realizadas por el presidente de la Comunidad Autónoma, además de una manifiesta irresponsabilidad", añade la letrada, "pueden ser constitutivas de un delito de odio y discriminación contra los ciudadanos que en el ejercicio legítimo de su derecho a la integridad personal, a la vida y a la libertad individual pueden decidir si se inoculan o no un medicamento de terapia génica que no ha sido aprobado a día de hoy y que se encuentra en fase experimental hasta 2023-2024”.