La justicia prostituida: su captura por parte del aparato del Estado

JORGE DORTA "ANCOR": Los casos de inhabilitación de jueces molestos como el juez Garzón o el juez Silva, este último por atreverse a meter en la cárcel a Blesa, presidente de Bankia y presunto responsable de diversas estafas como el caso de las preferentes, muestran el grado de corrupción de la justicia española y la deriva del Estado hacia el totalitarismo.

Una Constitución es tan solo un pedazo de papel si no se cumple, y en España no se cumple. En la mayor parte de los países el Tribunal Supremo / Tribunal Constitucional es el encargado de hacer velar el cumplimiento de la Constitución y es uno de los pocos contrapesos que limitan el poder del ejecutivo.

Los anglosajones tienen el término "pack the Court" que significa "empaquetar" o "capturar" la Corte. En Argentina crearon la Corte Suprema en 1853 y podía decidir si una ley determinada era o no constitucional. Esto, evidentemente, era muy molesto para los Gobiernos.

En teoría, la Corte Suprema Argentina podía haber sido uno de los elementos que hubieran dado paso a instituciones políticas inclusivas, pero el resto del sistema político y económico era altamente extractivo, sin empoderamiento de amplias capas de la sociedad ni la existencia de pluralismo político ni económico, con lo que el acoso a la independencia de la justicia fue implacable.

El destruir la independencia de la justicia es algo altamente peligroso, incluso para los propias élites, pero bajo un régimen extractivo las ganancias del sistema son tan grandes para los ladrones que les compensa el riesgo.

El golpe decisivo a la independencia de la Corte Suprema Argentina lo dio Perón. Consiguió, mediante trucos, inhabilitar a los jueces del Supremo que le eran incómodos y colocar a los de su elección. Esto liberó a Perón de cualquier restricción para ejercer su poder pudiendo convertirse en un dictador. A partir de Perón se ha convertido en norma en Argentina que cada nuevo presidente elija a los jueces de su propia Corte Suprema.

Perón fue derrocado por un golpe de Estado al que le siguió una sucesión de gobiernos civiles y militares en los que cada uno elegía a dedo a la Corte Suprema, que pasó de ser un contrapeso al poder del ejecutivo y un garante de la Constitución, a ser meramente un elemento decorativo en el sistema.

En 1990 se produjo una nueva transición a la democracia en Argentina, pero el presidente Menem consiguió nuevamente destruir la independencia de la Corte Suprema y "empaquetarla" a su gusto. Lo mismo hicieron los que le siguieron, el matrimonio Kitchner, perpetuando el circulo vicioso de la corrupción en Argentina.

Que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España están politizados y "empaquetados" es algo difícilmente rebatible. El asalto a la independencia del sistema judicial ha sido constante. No hablamos tan solo de la elección política de los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ni siquiera de la politización también del Tribunal de Cuentas o que el método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permita a los partidos políticos repartir los puestos entre sus candidatos, hablamos de que la corrupción y el secuestro de la justicia por parte de la élite del bipartidismo va muchísimo más allá.

Durante el gobierno del PSOE se aprobó que los jueces pudieran acceder a la judicatura mediante el "cuarto turno", es decir, podían ser nombrados "a dedo" por el Gobierno sin necesidad de pasar unas oposiciones. Esto significaba que se terminaba de conformar un sistema "soviético" en el que el fiscal era elegido por el "partido", al igual que los jefes de la policía también y los jueces. Tan solo era cuestión de hacer caer el caso en el juez "adecuado".

Pero por si esto fuese poco, la siguiente vuelta de tuerca que prepara el Gobierno del PP en su próxima reforma y en la hoja de ruta del bipartidismo hacia un estado totalitario es que la "instrucción" de los casos no la lleve el juez sino el fiscal. Supuestamente es independiente si accedió a la judicatura no por enchufismo sino por oposiciones, pero el fiscal no lo es nunca.

Los fiscales en España tienen una estructura jerárquica estricta, casi "militar". Es decir el fiscal no tiene independencia sino debe obediencia absoluta al escalafón superior. Por tanto el fiscal general del Estado, puesto ahí por el Gobierno, tiene un control absoluto sobre todo el aparato, sobre todos los fiscales y con la próxima reforma sobre la instrucción de todos los casos. En resumen, en breve, cualquiera podrá ser investigado, encausado y condenado sin más pruebas que las que fabrique la policía a orden del fiscal.

La estrategia de desmonte de las libertades y pisoteo de la Constitución la justifica el PP en su mayoria absoluta, en un supuesto mandato de las urnas aunque si hubieran dicho lo que iban a hacer no les hubiera votado ni Dios. Es decir, Mariano Rajoy y el PP utilizan la misma justificación falaz que usó Hugo Chavez en Venezuela para acabar con las libertades y el orden constitucional.

La captura de la justicia por parte del Aparato del Estado - que sirve a la oligarquía económica y política y no a los ciudadanos - está a tan solo un paso de ser absoluta. A mayor corrupción y mayor nivel de extracción de rentas, mayor necesidad de capturar el sistema judicial. Si el Aparato del Estado necesita capturar la justicia de esta forma tan absoluta imagínate el nivel de robo y corrupción del Estado Español.

La Comisión Europea ha señalado a España como uno de los países con más corrupción y el Consejo de Europa ha advertido recientemente del riesgo de politizar la justicia en España, pero llega tarde, muy tarde y me niego a creer que Europa "no sabia nada". El proceso en España no es nuevo, el camino hacia el estado cleptocrata-represivo-policial es firme y lleva mucho tiempo produciéndose de forma gradual como ha sido expuesto en este artículo. Eso sí, la UE tiene que salvar las apariencias. Como vemos el formar parte de la Unión Europea no es garantía de nada, ni tan siquiera de tener un "sistema europeo". Toda la Unión Europea no es más que concentración de poder en manos de una élite económica y administrativa (burócratas de Bruselas).