La juez entiende que podría haber "prevaricación urbanística", al haberse emitido informes favorables a la concesión de estas licencias "de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de su cargo, pese a tener conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron".

Añadiendo que  "no constaba informe previo sobre compatibilidad con el Plan Insular a emitir por el Cabildo de Lanzarote" para la construcción de las 10 viviendas, siendo el mismo "vinculante y preceptivo". Según recoge el Auto Judicial, "Dicho informe no fue solicitado en el expediente de licencia urbanística, ni fue emitido, pese a lo cual se silenció en los informes por el secretario del Ayuntamiento, el jefe de la Oficina Técnica y el alcalde".

"Tampoco se recabó en ninguno de los expedientes el informe favorable y preceptivo de la Administración Pública Canaria competente en materia de vivienda, ni se le remitió a dicha administración un ejemplar del proyecto, ni la documentación complementaria a la que hace referencia el artículo 3.1 del Decreto 47/1991 de 25 de marzo de habitabilidad por parte del Ayuntamiento de Yaiza", continúa la magistrada.

Las dos parcelas donde se autorizó la construcción pertenecían o habían pertenecido al entonces compañero de partido de Reyes, Pedro de Armas. En uno de los casos, la licencia se concedió directamente a su empresa MARIVISTA. En el otro, la licencia se obtuvo justo después de pasar por las manos del citado político, que "compró y vendió la parcela el mismo día".

La juez concluye señalando que ambos casos culminaron "con decreto del del alcalde autorizando la nueva construcción, pese a que el mismo, a pesar del silencio intencionado de los informes técnicos y jurídicos, tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante de Ayuntamiento de Yaiza en las Juntas de Compensación".