La investigación comenzó el 23 de julio de 2013, tras una denuncia presentada en la Fiscalía por los concejales de Alternativa Ciudadana. Pero no fue hasta enero de este año, cuando la Fiscal pidió la apertura de diligencias judiciales, por apreciar "indicios deprevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público y falsedad en documento mercantil".

Según el informe de la Fiscalía, el ex-Alcalde popular y el ex-consejero cabildicio socialista (Miguel Ángel Leal), estarían imputados por presunta prevaricación administrativa y malversación.

Según había denunciado la Fiscalía, el asesor socialista José Domingo Hernández, presunto beneficiario de las cantidades reclamadas, "no podía formalizar contratos con el Ayuntamiento mientras asesor" del consistorio, "porque está expresamente prohibido por ley". Añadiendo que los servicios que cobró "no fueron legalmente contratados" y que podrían "responder a servicios no debidamente ejecutados".

De hecho, el Juzgado nº 1 de Arrecife dictó en febrero pasado un auto solicitando al Ayuntamiento, "una copia de los expedientes de contratación adjudicados a la empresa Calarasi Producciones SL" durante 2011, 2012 y 2013, así como "el listado de los pagos a esa empresa, con copia de las facturas".

Según la Fiscalía, "con el fin de conseguir el abono de las facturas", los responsables de la empresa "contaron con la colaboración de Cándido Reguera, en ese momento alcalde del ayuntamiento de Arrecife, y Miguel Ángel Leal, técnico del consistorio, quienes a sabiendas de la falta de tramitación del oportuno expediente administrativo de contratación, con la finalidad de sustraerse al régimen de prohibiciones para la contratación impuestas por la normativa correspondiente, y siendo conscientes del carácter ficticio de los servicios facturados, autorizaron con sus firmas el abono de tales facturas".

Inicialmente se investigan facturas por valor de 88.549 euros, aun que el montante de lo denunciado es harto superior.