Los hecho tuvieron lugar el pasado 15 de marzo, cuando un trabajador de la piscifactoría ubicada en la zona de Playa Quemada pudo observar como tres personas se alejaban, en una pequeña embarcación, de las nasas marinas del lugar, en dirección a la costa, donde se encontraba estacionado un vehículo todo terreno.
Así, tras tener la Guardia Civil de Yaiza conocimiento de estos hechos, la pareja en servicio de dicha Unidad desplegó un dispositivo de localización, siguiendo las indicaciones del trabajador de la piscifactoría que estaba siguiendo a los sospechosos desde su salida de la misma.
Seguidamente, y gracias a la rápida respuesta, los agentes pudieron localizar el vehículo todoterreno, identificado inicialmente por el testigo. Sus tres ocupantes fueron sorprendidos en el momento en el que se disponían a introducir los barreños con las lubinas en una vivienda particular en Playa Blanca.

- Ya habían sido capturados en 2019 por el mismo delito en la zona

Posteriormente, los agentes verificaron como efectivamente dentro del vehículo estaban además una embarcación neumática plegada y varias artes de pesca, así como otros barreños con lubinas de peso y tamaño muy similares, todo ello sin cumplir con las correspondientes condiciones higiénico-sanitarias.
Finalmente, tras verificar la procedencia ilícita del pescado y formalizada la correspondiente denuncia en dependencias policiales por los responsables de la piscifactoría, se procedió a abrir una de las lubinas. Y en su interior aún se apreciaban restos del pienso con el que se las alimenta, y que es de uso exclusivo, por lo que los agentes de la Guardia Civil procedieron a la investigación de los tres hombres.
Dos de los detenidos tenían antecedentes policiales previos por el mismo delito, dándose la circunstancia de que ya habían sido aprehendidos en 2019 por agentes de la Guardia Civil de Yaiza por haber hurtado lubinas en la misma piscifactoría con idéntico modus operandi.
Además de las lubinas se procedió a la intervención de las artes y elementos de pesca para su puesta a disposición judicial.
En cuanto a los 350 kilos de pescado intervenidos fueron entregados a una asociación sin ánimo de lucro de utilidad pública, ya que cumplía con las garantías higiénico-sanitarias para su donación y posible uso alimentario.