La degradada gestión en el Servicio Canario de Salud, objetivamente, está favoreciendo el incremento del número de agresiones al personal sanitario, que se elevó el pasado año en un 45% (431casos), siendo en número, la tercera comunidad del estado español. Todo ello, contando con las cifras de los casos que los trabajadores notifican ya que, sobre todo cuando se trata de agresiones de carácter verbal, muchas de ellas quedan sin registrar.

Al tiempo que esto sucede, empeora la situación de colapso de todos los servicios y niveles de atención. Así, los tiempos de espera se encuentran disparados en la Atención Primaria, en los Servicios de Urgencias, ni que decir de las inhumanas Listas de espera quirúrgicas, para Especialidades y Pruebas Diagnósticas.

Si a ello sumamos el déficit crónico de personal para poder prestar la atención sanitaria en unas condiciones de equidad y accesibilidad en tiempo y forma, observamos que los profesionales del Servicio Canario de Salud de todos los grupos profesionales se encuentran sometidos a un doble azote: el primero sufrir las condiciones laborales impuestas derivadas de la desprofesionalizada gestión sanitaria del actual gobierno (CC y PP) y de quienes le precedieron y por otro, como resultado, vivir en primera persona las reacciones, siempre mal dirigidas y censurables, de los usuarios que, en un ambiente asistencial de crispación, no perciben del sistema inmediatez y diligencia suficiente ante su estado de vulnerabilidad

Añadidamente, el denominado “Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud” que se ubica en la página web, resulta difícilmente extrapolable a las situaciones de mayor peligrosidad, el apoyo llega tarde y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales así como la vía jurídica se encuentran colapsados.

Resulta paradójico, que la actual consejera de Sanidad, Esther Mónzon, recurra como panacea a ese fatuo plan de Prevención cuando los profesionales sanitarios, con demasiada frecuencia, además de por las agresiones de los usuarios, se encuentran con obstáculos de las mutuas contratadas por la Consejería  para el reconocimiento de las propias enfermedades profesionales.

Desde Intersindical Canaria afirmamos que para proteger a los trabajadores, complementariamente a un Plan de Prevención de las agresiones, habría que aplicar una adecuada gestión en el conjunto del Servicio Canario de Salud, lo que implica una adecuada dotación de recursos humanos, de camas hospitalarias y materiales tendentes a mejorar de manera real las cargas de trabajo físicas y psíquicas y por ende la asistencia sanitaria, aparejando mejoras en las condiciones laborales y fomentando la prevención de riesgos y el derecho de las personas trabajadoras a desarrollar su labor en unas condiciones de seguridad mínimamente dignas, al tiempo de garantizar a la ciudadanía el derecho fundamental a la salud.