Madrid, 2014 febrero 5- La publicación en el día de ayer de una grabación que documenta un intento de devolución ilegal de personas inmigrantes por parte de agentes de la Guardia Civil en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos evidencia una vez más la existencia de estas prácticas ilegales que vulneran los derechos de las personas inmigrantes que acceden al territorio español obstaculizando el acceso de las mismas a la protección internacional.

Este no es un caso aislado, varios informes de instituciones nacionales e internacionales y de organizaciones la sociedad civil así como diversos medios de comunicación han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de estas prácticas en las fronteras de Ceuta y Melilla así como las devoluciones a Marruecos, donde no se garantiza la protección de los derechos humanos de estas personas. Estas prácticas suponen una clara vulneración de la normativa española de extranjería y asilo (LO 4/2000 y LO 12/2009) y  de la normativa europea (Directiva 2008/115/CE) e internacional que obliga a las autoridades españolas a garantizar el respeto al principio de no devolución, a  facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional y a informar a los inmigrantes de su derecho a tener acceso a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva.

Desde CEAR hemos denunciado en numerosas ocasiones la ilegalidad de estas prácticas que, además de vulnerar los derechos enunciados anteriormente, impiden el acceso al procedimiento de protección internacional a potenciales personas refugiadas. A todo ello se suma el hecho de que Ceuta y Melilla se han convertido en “ciudades cárceles” en las que se niega el acceso a la Península a solicitantes de protección internacional, lo que está provocando que personas que solicitaron asilo renuncien a su solicitud y que algunas pongan en riesgo su vida intentando llegar hasta la Península. Todo ello  representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España.

Ante estas circunstancias desde CEAR reiteramos nuestra exigencia del íntegro respeto a la normativa nacional e internacional vigente así como la revisión de la política española de expulsiones y devoluciones hacia el estado marroquí, especialmente desde la entrada en vigor el pasado año 2012 del Convenio bilateral de “readmisión”.

Resulta relevante que el ministro del Interior haya reconocido la existencia de “casos puntuales” de vulneración de la legalidad vigente en las devoluciones de personas extranjeras hacia Marruecos desde Ceuta y Melilla. Desde CEAR entendemos que un reconocimiento de tales características debe conllevar la apertura inmediata de los procedimientos encaminados a depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos contrarios a la legalidad vigente así como el cese inmediato y sin demora de estas prácticas contrarias a derecho.