Quienes recuerden que en el Parlamento Canario hubo un acuerdo colectivo sobre los derechos exclusivos de la Comunidad Canaria para concretar y decidir lo relativo a las prospecciones petrolíferas, quedan sorprendidos de que actualmente existan discusiones sobre esos derechos y que la parte foránea que interviene sea la que se arroga las decisiones a tomar. En esta decisión parlamentaria que, como repito, fue totalmente acordado que los canarios fueran los que imposibilitasen cualquier decisión contraria a sus intereses, sorprende que se estén tomando las cosas en sentido totalmente diferente. Tengamos presente que, por lo menos a la luz pública, ni siquiera sale a relucir España en los convenios, sino que las decisiones están siendo tomadas por Repsol-Caixa y Marruecos, quedando nosotros sujetos a lo que ese tenebroso grupo decida apoyado en sus siniestras maniobras por el poder español.
Repito que en ese hecho parlamentario con valoración total de decisión estaba todo el equipo canario político de aquellos momentos, siendo presidente del gobierno canario Paulino Rivero, y vicepresidente José Manuel Soria. Dando por hecho que ese acuerdo parlamentario tiene una trascendencia extraordinaria respecto a lo que se está haciendo, que es todo lo contrario, no se explica las discusiones contradictorias de esos dos nefastos personajes, y el silencio que persiste en el cuerpo político canario en pleno. Es de suma obligación que Paulino Rivero en esas discusiones que se trae con Soria exponga, a favor de su teoría, ese acuerdo oficial canario en el que intervino el que era entonces vicepresidente del gobierno. Y esa obligación de transparencia hace que la otra parte en la discusión, José Manuel Soria, explique al pueblo canario a qué ha sido debido su postura de cambio tan radical. Es fácil comprender que ante los serios momentos que atravesamos respecto a las petrolíferas, ambos siniestros personajes tienen que salir en cualquier discusión que se proyecte a decir claramente, uno, Rivero, exponer con libertad la participación de Soria en contra de lo que ahora está haciendo, y éste explicar, so pena de deshonestidad y traición a su pueblo, las razones por las que está volcado defendiendo con ahínco lo que afecta grandemente a los intereses del Archipiélago Canario y a su propio Ministerio de Turismo. Por otra parte, es el Parlamento en pleno de los políticos canarios el que tiene la obligación de salir al paso de todo lo que se haga en contra de aquel acuerdo.
Yo lo tengo clarísimo. Mientras no se aclaren los cambios de ideas de los protagonistas de aquel acuerdo parlamentario, y surjan discusiones sobre tema tan importante, teniendo en cuenta que lo que está en juego son los intereses de nuestro archipiélago, urge que salga a la luz pública el contenido total de aquella sesión parlamentaria, pues de lo contrario me hace pensar que en el juego están interviniendo una panda de ignorantes y sinvergüenzas; los primeros, guardando en silencio una carta de la baraja a su favor, y los segundos, con la cara típica de estos elementos, importándoles un comino su cambio de criterio sin dar ninguna explicación. Es claro que Paulino Rivero está metido en una situación de opacidad voluntaria muy seria y que justifica que está sobrando en el cargo que ostenta, y no mucho menos que Soria tenga que decir a la luz pública la suciedad o la bondad de su oscura trayectoria, pues está en juego nada menos en toda su carrera política de llamarse dignamente canario.