La evaluación continua es un derecho como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad social, a la educación, al disfrute, al tiempo libre, a la salud, a la alimentación o a cualquier otro derecho humano. Nadie, lógicamente, debe renunciar a ninguno de sus derechos, conseguidos hasta con derramamiento de sangre, dándose la circunstancia de que el profesorado del “plan Bolonia a la española” que, sin embargo, como profesores deberían dar ejemplo, ofrece al alumnado la posibilidad de renunciar a su derecho a la evaluación continua, siendo reprobable, tanto ética como profesionalmente, aquellos profesores que incitan, pasiva o activamente, a sus alumnos a renunciar a un derecho tan progresista como es la evaluación continua, probablemente el avance más significativo, democrático y revolucionario de la moderna pedagogía, siendo la propia administración la que sostiene en su legislación que: “La evaluación continua permitirá contar, en cada momento, con una información general del aprendizaje del alumnado, para facilitar la detección de dificultades, la adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la orientación en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y las mejoras necesarias en el proceso de enseñanza y de aprendizaje”.

El profesorado del “plan Bolonia a la”, etc. no está para disquisiciones teóricas sobre pedagogía, pues de las pocas cosas que ha entendido del citado plan es que las clases presenciales comienzan a principios de septiembre y finalizan antes del solsticio de verano, navidad para algunos, que no constituye el pretendido semestre que pretenden vender, valga la redundancia, sino apenas un trimestre igual que el otro que comienza en febrero y finaliza en mayo, pues enero y junio son para exámenes, que siguen constituyendo la única herramienta de evaluación de las universidades franquistas españolas; compárese con las ocho (8) opciones de presentarse a los exámenes que ofrecen las universidades italianas. Esa es una de las pocas cosas que ha entendido dicho profesorado, junto con el ofrecimiento al alumnado de renunciar al derecho a la evaluación continua, para escarnio de toda la comunidad educativa y la sociedad que los financia, pues se evitan en sus clases a un buen porcentaje del alumnado.

Las preocupaciones de este desmotivado profesorado discurren por otros derroteros, menos vinculadas a “incomprensibles” disquisiciones pedagógicas

que a su promoción personal y prestigio social, en un claro insulto a la inteligencia de ingenuos e ignorantados ciudadanos, que enfatizan con un petulante: “Yo trabajo en la Universidaddd…” y que rematan algunos privilegiados con el de “Yo soy catedrático de la Universidaddd…”, aunque sea catedrático del calimocho, cargo para el que basta con ser especialista en eso, en calimocho, pues no se accede al mismo mediante publicaciones internacionales de alto factor de impacto, sino a través de maratonianas sesiones en la barra de la cafetería, tabernas en general y sacristías en particular, kilómetros de pasillo y vasallaje, mucho vasallaje, considerándose endémico el escandaloso porcentaje de endogamia de las franquistas universidades, con su silencio cómplice mantenido a base de prebendas, como la adjudicación de lujosas viviendas gratuitas para los más grandes gerifaltes al servicio del régimen ahora monárquico, otrora franquista e igual ambos de colonialistas, las matrículas gratuitas para los retoños y retoñas, dicho sin segundas, los viajes a ninguna parte sufragados con el dinero de los damnificados contribuyentes, aunque ellos (y ellas) sostienen que los sufragó “La Facultaddd…”

Como ejemplo podemos comentar, siquiera sea someramente que, mientras nuestros compatriotas se alimentan de los basureros, el insostenible capítulo de gastos de las Universidades españolas en La Laguna y Las Palmas, correspondiente al ejercicio del 2016, asciende en La Laguna a más de 137 millones de euros (€), de los cuales casi 115 millones son para gastos de personal (diecinueve mil millones de pesetas), mientras que en Las Palmas los gastos ascienden a 132 millones de €, más de 96 millones en gastos de personal (probablemente por la menor experiencia en remunerar cargos), ambos procedentes del erario público pues, hasta donde llega nuestro mejor conocimiento, nada generan financieramente y que, sin embargo (de embargar), pretenden funcionar como entidades privadas, cuyo paradigmático ejemplo es el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, que en públicas declaraciones manifestó, casi antes de tomar posesión del cargo (buenas las hizo también como delegado del gobierno metropolitano nombrado por el Partido Socialita Obrero Español): “Me gustaría que el Parlamento dé a la ULL tanto cariñito como a las privadas” y cuya gestión del “cariñito” en la institución que gestiona debería ser investigada por la Fiscalía anticorrupción, aunque como es sabido en esta colonia no hay corrupción sino podredumbre.

Las universidades españolas en Canarias no representan los intereses del pueblo canario, al que sistemáticamente le han dado la espalda, como lo prueba el hecho de que en las mismas se dan clases de español, inglés, francés, alemán, árabe, japonés, etc., y jamás han enseñado ni enseñarán nuestro idioma ancestral, el wanche, lo que no va a ocurrir con las cada vez más próximas Universidades de la República Democrática Federal Canaria que, obviamente, no asumirá las consecuencias de la putrefacta administración colonial, incluido su personal, dicho sin odio ni rencor y, mucho menos, envidia, las enfermedades de la mente, sino desde nuestras profundas, democráticas y dignificantes convicciones anticolonialistas.

 

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario